Hoy, al darse primera lectura de dictamen que propone expedir la ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se tomó en cuenta una iniciativa presentada por el Partido Sinaloense, con el cual contribuimos al derecho a la libertad de expresión, lo cual se erige como piedra angular del Estado Democrático Constitucional de Derecho, en tanto que constituye una herramienta con la que la sociedad cuenta para participar en el debate público, expresó la diputada Elizabeth Chía, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Esta iniciativa presentada por la diputada Angélica Díaz Quiñonez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, en esencia propone las siguientes sanciones: Se aplicará de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días de multa, a quien: Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística y obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión. El presente delito se perseguirá por querella y cuando la conducta prevista en el artículo anterior sea cometida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta en el doble de lo señalado en el mismo.
Sin reserva alguna los diputados del PAS votaremos a favor del dictamen.
La iniciativa del PAS coadyuva a la iniciativa con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, presentada por representantes de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio A. C.; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa A.C.; Iniciativa Sinaloa A.C.; Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como los ciudadanos Óscar Loza Ochoa, Alejandro Sicairos Rivas, Raquel Zapien Osuna, Francisco Guamea Lizárraga y Luis Alberto Díaz, ante este H. Congreso del Estado de Sinaloa.
“En el PAS consideramos que la actividad periodística debe ser protegida y garantizada por el Estado, toda vez que contribuye día con día a la construcción de una democracia participativa; que las autoridades facultadas para ello tienen la obligación de investigar todos aquellos actos u omisiones que pueden constituir un agravio a los periodistas”.
Será el martes 23 cuando se dará segunda lectura al dictamen en mención, y seguramente se aprobará por el pleno de los diputados.
