El Gobierno federal declaró, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la utilidad pública de 2.4 millones de metros cuadrados en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Puerto Morelos, en Quintana Roo, con el objetivo de ser expropiados para abrirle paso al Tren Maya.
La expropiación fue precisada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que la determinación de utilidad pública impactará a 198 inmuebles privados en los que se podrá proceder sin previo aviso.
Los inmuebles que serán expropiados se ubican en el tramo 5-norte, que corre de Playa del Carmen (Solidaridad) a Cancún (Benito Juárez), donde las obras estarán a cargo del Ejército mexicano.
Ante el decreto, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) indicó que la primera vía que seguirán para buscar una solución a la afectación que representa para ellos esta determinación será a través del diálogo directo con la Federación.
El presidente de la asociación hotelera, Toni Chaves, hizo pública una declaratoria en la que sus agremiados precisaron que están a favor del desarrollo del Tren Maya en la región, porque representa una oportunidad de desarrollo, pero rechazaron que sea necesario que los empresarios, que son parte de la economía local, padezcan este tipo de afectaciones.
“Tenemos la confianza en que podrán alcanzarse acuerdos con base al diálogo y la negociación. Entre los afectados están importantes cadenas de hoteles”, puntualizó en un posicionamiento público.
Recordó que los miembros de la AHRM ya habían anunciado que el 90 por ciento de los involucrados estaba dispuesto a vender sus terrenos, en caso de ser necesario, pero por la vía adecuada, por lo que ahora que se decretó la expropiación por parte del Gobierno federal, lo que piden es que se respeten los acuerdos previos.
Chaves indicó que por ello, la primera ruta de diálogo que buscarán será con el nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, pero dijo que ese será el primer paso que darán, sin descartar otras opciones, como tomar una ruta legal.
Al respecto, empresarios consultados por La Razón dieron a conocer que existe una inconformidad unánime entre los afectados por la expropiación decidida por la Federación, debido a que existen alternativas para que se realice la obra sin afectar sus propiedades.
Al compartir un testimonio anónimo, para evitar represalias, pues aseguraron que han sido objeto de diversas presiones, confirmaron que buscan unificar la defensa legal de los inmuebles que serán expropiados.
Dijeron que a pesar de que la Federación declaró el blindaje de las obras como el Tren Maya a través del llamado “decretazo”, éste fue suspendido en parte por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que también hay otra controversia constitucional en su contra.
Los dos empresarios de Playa del Carmen que accedieron a platicar con La Razón comentaron que no se trata de entablar un enfrentamiento, pero la defensa jurídica analizará las posibilidades que tienen a través de esta vía.
Además, indicaron que se analizará el hecho de que la Federación tiene la posibilidad de desarrollar la ruta del tren sin necesidad de pasar por sus propiedades.
Comentaron que entre los argumentos que consideran que se pueden presentar se incluye el hecho de las afectaciones ambientales y económicas que traerá para la región, porque argumentan que la actual propuesta del Tren Maya presenta un trazo que contradice el desarrollo regional.
A su vez, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, adelantó que, como ayuntamiento, también emprenderá la defensa legal de los terrenos que le correspondan al municipio.
Mencionó que están recabando información con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio sobre las escrituras y las áreas de patrimonio municipal, las cuales no formarían parte de la expropiación decretada.
“Lo que se está estableciendo es que se diga qué áreas no fueron utilizadas para el fin dispuesto, pero muchas de ellas sí fueron usadas para dicho fin, tan es así que hoy hay viviendas y vialidades”, señaló.
El 5 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la obra tendrá un nuevo trazo en la zona de la Riviera Maya, por lo que pidió ayuda a los hoteleros de la zona, porque “no les afecta sus terrenos, la parte que tienen construida; se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, es un nuevo trazo”.
