En Veracruz, el senador morenista Ricardo Monreal tomó la bandera de rechazo a una ley local que establece penalidades por “ultrajes a la autoridad”, la cual impone sanciones penales y cárcel a quienes “ofendan” a los hombres del poder.
Pero ante esta norma, la oposición -cuyos líderes están ocupados en agandallar las candidaturas del 2024- parece estar dormida.
El sábado 18 de este mes, un juez penal de Pacho Viejo, Costepec, Veracruz, liberó a 6 jóvenes que desde septiembre permanecían presos, acusados de “ultrajes a la autoridad”.
El caso ha despertado también el activismo de organismos defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión.
El miércoles 15 un juez federal de Distrito concedió un amparo a los 6 y fijó un plazo de tres días para ser dejados en libertad.
Luego, luego, el juez del caso salió de vacaciones y la jueza que quedó en su lugar dijo desconocer el asunto y omitió la orden superior. La justicia, como es común en Veracruz y en todo México, también tomó un descanso.
El senador Monreal condenó: “esto es un desacato a la resolución de un juez federal; vaya justicia local que tiene la población veracruzana, omisa y mediocre”.
Los jóvenes detenidos fueron notificados de una audiencia este sábado próximo pasado. En ella, la juez Saraí Sosa determinó el pago de una fianza de 100 mil pesos y ordenó que los acusados firmaran de manera periódica, “en tanto cauce ejecutoria el amparo”.
De piel delgadita, el gobernador Cuitlahuac García, también de Morena, se ofendió por la intervención de Monreal y se mostró doblemente ultrajado.
Su gobierno está por las víctimas, dijo, “y hay quien (Monreal) prefiere defender a delincuentes…”
Monreal envió un exhorto a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe, para que lleve a cabo las acciones que correspondan para derogar el tipo penal de “ultrajes a la autoridad”.
En su escrito, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de este tipo penal desde el 2014, dada la afectación a los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas destinatarias de la norma, lo cual conlleva una aplicación arbitraria por parte de las autoridades que tienen a su cargo la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
También manifestó su preocupación acerca de la existencia de este delito previsto en el artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, ante el abuso y las afectaciones a la esfera de los derechos humanos, y recalcó que este infringe el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal.
“Es posible considerar el delito de ultrajes a la autoridad como un tipo penal abierto y, consecuentemente, viola el derecho humano de la seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley, pues los conceptos de amenazas y agresión son de suyo amplios y al carecer de una definición específica para el tipo penal, en sí mismos generan falta de certeza en cuanto a conocer cuáles son las acciones que penalmente se consideran reprochables; es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia que permita la arbitrariedad en su aplicación”, indicó.
Monreal denunció que la existencia de este tipo penal ha dado lugar a eventos en los que se acusa de manera arbitraria a personas, privándolas de su libertad.
Firme ante esta cacería de brujas “legal”, Monreal asegura: “No defiendo criminales, defiendo el Estado de Derecho expresado en el principio de presunción de inocencia, libre desarrollo de la personalidad y la libertad misma; que la legislación de un delito no ‘institucionalice’ el abuso de autoridad ni dé elementos al Estado para vulnerar la libertad y seguridad de sus ciudadanos”.
El affaire protagonizado por el líder de Morena y el delicado gobernador de Veracruz debe ser conocido en todo el país. El germen de la intolerancia y la tentación que origina abusos de poder permanece en todos los niveles de gobierno, desde la alcaldía más modesta hasta el gobierno federal.
En Veracruz hay varios casos que confirman que el delito de “ultrajes a la autoridad” se ha instrumentado para legitimar el abuso de autoridad, lo que en una democracia es inadmisible.
“La democracia no solo son votos, son razones. Y hasta donde comprendo no existe una sola razón para que exista el delito de ultrajes a la autoridad”, puntualizó.
El germen de la intolerancia y el ánimo de persecución contra quienes piensen diferente y ejerzan con libertad su derecho a la libre expresión de las ideas está vivo.
Ante esta amenaza, todos quedamos expuestos. Este germen maldito coexiste además con una innegable polarización de la vida pública nacional que constituye un auténtico caldo de cultivo para la represión, la intolerancia y la infamia.
¿Y la oposición? Despierten, por favor.
