Rubén Rocha Moya mostró sorpresa cuando escuchó que, según el alcalde de Culiacán, el “METROBÚS” no implica alguna erogación, ni riesgos, para el Gobierno del Estado.
“¿… va a enviar usted este oficio?”, preguntaron ayer al gobernador durante la conferencia de prensa ‘Semanera’ de los lunes.
Para saber: el “Oficio” se refiere a una Carta de Suficiencia Financiera del gobierno de Sinaloa que exigen las instancias federales, entre otros documentos, para autorizar la aportación de dinero del erario federal para la ejecución de este proyecto.
Con información de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, responsable de conducir las gestiones del METROBÚS (publicada en este espacio el 10 de agosto del año 2021), sabemos que al 03 de agosto del 2020 se estimaba que el costo del proyecto a largo plazo sería de 3 mil 090 millones de pesos (una corrida sujeta a modificaciones).
Según tal presupuesto, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán, en partes iguales, deberán aportar 1,083 millones, y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) pondría 596 mdp.
La mayor parte del costo (1,083 millones) correspondería a los transportistas, quienes luchan ahora por salvar su patrimonio familiar de posibles embargos judiciales al caer en cartera vencida por no poder pagar las letras mensuales por la adquisición de cientos de autobuses.
¿Cómo llegaron a tal situación? La pandemia, señores, que además de cientos de miles de muertos también ha dejado en bancarrota a miles de empresas de todo tipo.
Durante la Semanera, Rubén Rocha Moya y el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, dedicaron el mayor tiempo a explicar el espíritu social del proyecto de presupuesto estatal para el año 2022 presentado el sábado anterior al Congreso del Estado.
En su exposición, Rocha aclaró que la inversión del gobierno estatal en el proyecto METROBÚS no se incluyó en el proyecto para el año siguiente.
Incluso, planteó una disyuntiva: “O le metemos al METROBÚS, o a los programas sociales”.
Luego desglosó la inversión prevista en materia de educación, salud, agro, pesca, ganadería, discapacitados, prevención de la violencia contra la mujer y otros rubros.
Rocha también ventiló una plática previa con el alcalde de Culiacán, en la que ofreció a Jesús Estrada Ferreiro discutir el asunto METROBÚS con la parte municipal para analizar la factibilidad de ‘quitar’ recursos a algunos gastos sociales y aportarlos al proyecto de transporte mencionado.
De ser factible esto, el jefe del Ejecutivo habría de modificar su propuesta financiera ya presentada.
Para ello, Rocha instruyó a la secretaria Bienestar, Ruth Díaz Gurría, y al propio Enrique Díaz para que dialoguen con el alcalde.
El Sistema Integrado de Transporte de Culiacán, SIT Culiacán (nombre correcto), contempla 6 corredores troncales (una red de 67 kms) tipo BRT (Bus Rapid Transit en inglés).
¿SÍ O NO AL SIT CULIACÁN?
La gestión ante el gobierno federal es compleja.
No solo falta “el Oficio” para llenar la carpeta, sino varios documentos, entre ellos una Carta – Compromiso con los transportistas (no existe aún); la formación de empresas integradas por éstos (pendiente); el Proyecto Ejecutivo (no se conoce); la formación de una empresa de recaudo (pendiente), y la integración o Constitución de un Fideicomiso que administre los flujos de dinero, entre otros requisitos exigidos por la Federación.
En los tiempos que corren, también es insalvable la realización de una consulta ciudadana con carácter legal antes de iniciar cualquier obra de infraestructura y de aplicar una reingeniería de rutas.
Se trata de un ejercicio elemental para justificar y dar certeza a las inversiones.
Para entender la importancia de tal ejercicio, por cierto, asómese usted a las inconsistencias que persisten en la planta de Amoniaco de Topo, donde los promotores e inversionistas omitieron hace 10 años el requisito de realizar una consulta legal para analizar el impacto en el medio ambiente, cómo repercutirá la planta en la vida cotidiana de los ciudadanos y, sobre todo, para escuchar a los pescadores y a las comunidades indígenas.
Cabe decir que del proyecto ejecutivo del SIT conocemos
solo algunas generalidades. En virtud de ello, digamos que parece hora de que el proyecto completo se de a conocer a la opinión pública (incluidos los más pobres) y se debata con la sociedad, no solo con algunos consejeros ciudadanos de algunos organismos privados o descentralizados de la administración pública a modo.
Una consulta de este tipo evitaría los tropiezos que han sufrido otros proyectos similares, cómo el sistema de transporte de La Laguna (Torreón-Lerdo), donde se cumplen cinco años de haber iniciado una “obra urgente” para mejorar la movilidad urbana de esa zona metropolitana sin que registre avances consistentes.
Prórrogas, alteraciones al presupuesto, incumplimiento de plazos y excesivos gastos de supervisión tienen atascado el proyecto.
Por no haber concluido, la Auditoría Superior de la Federación demandó ya un análisis de costo-beneficio a aquel SIT que nació ponchado por la improvisación, los caprichos y la corrupción.
¿Qué necesidad, pues?
