Mario López Valdez dio a conocer en 2013 la construcción de una enorme planta productora de amoniaco junto al sitio Rambar de la Bahia de Topolobampo, con capacidad de producción de 2,200 toneladas diarias de este insumo.
Pero desde hace 8 años, las comunidades indígenas piden la clausura definitiva del proyecto petroquímico encabezado por la empresa GPO, que por su lado va de la ceca a la meca en busca del permiso definitivo para emprender su construcción.
Para darnos una idea del significado económico del proyecto, basta decir que su construcción implica una inversión de 5 mil millones de dólares (100 mil millones de pesos), una cantidad superior en dos veces al presupuesto federal de egresos para Sinaloa en el año 2022.
¿Es importante esto? Sin duda.
Parece de locos que una industria de este tipo se frene durante tanto tiempo si consideramos que la construcción requerirá de más de 2 mil trabajadores altamente especializados en labores de herrería matalúrgica, soldadura, automatización, seguridad laboral y cuidado del medio ambiente, sólo que los padrinos del proyecto -el gobierno de Sinaloa, fundamentalmente-, pródigos en ofrecer facilidades a los inversionistas de Alemania y de otras latitudes, se olvidaron de los posibles afectados: los vecinos, quienes pusieron el grito en el cielo en protesta contra lo que consideran una amenaza a su actividad económica y el equilibro ecológico de la zona.
Aunque algunos discuten que la autorización de una industria de este tamaño debe depender exclusivamente de criterios técnicos y científicos, también era obligatorio de acuerdo a la ley escuchar a los vecinos de la planta y a los ecologistas antes de iniciar las obras.
¿Por qué no se realizó una consulta de este tipo? La única explicación es que el gobierno del estado confió en que impondría una decisión mediante un acto de autoridad contundente que, al final de cuentas, no dio resultado.
En boca de los quejosos, el asunto llegó hasta el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes garantizó que atendería el reclamo. Una alternativa, ofreció, sería la realización de una consulta popular en la que la gente de la región decida mediante sus votos secretos y directos un sí o un no a la planta.
El asunto llegó también al gobernador Rubén Rocha Moya, quien resaltó el impacto económico que tendría la operación de la planta para el estado de Sinaloa; definió además que ya hay una decisión tomada con base a una Manifestación de Impacto Ambiental que determinó que no existen riesgos. “Serán sólo los ahomenses quienes decidan el futuro de la planta de amoniaco”, definió.
Rocha hizo un llamado a la población a que acudan a votar el día 28 de noviembre en favor o en contra, “pero que la gente se manifieste, porque necesitamos saber si se puede o no se puede, y ya no estar esperando”, dijo durante la conferencia de prensa la Semanera del lunes 15.
Los inversionistas arguyen que el abasto de amoniaco en Mexico es estratégico para producir los alimentos que requerimos como país y, aún mas, subrayan que, de ser autosuficientes en la producción de este agriquimico en los años 70, la producción del mismo equivale hoy a cero, lo que nos obliga a importa el 100 por ciento del amoniaco que consumimos.
Pero los habitantes, los pescadores y algunos ecologistas permanecen en contra: ven encima el peligro de un accidente en la enorme planta con el supuesto desastre ecológico que esto significaría, e iniciaron una auténtica romería de juzgado en juzgado, en donde lo único logrado es dilatar el proceso.
El gobernador ventiló que este fue un tema que planteó el pasado viernes en el ‘Foro Mar de Cortés’ celebrado en San José del Cabo, pues la agenda era precisamente sobre oportunidades de inversión para los cinco estados que colindan con este litoral: Sinaloa, Sonora, Nayarit y las dos Baja California.
En ese marco, se explicó que, aunque Sinaloa está en primer lugar de competitividad en el Noroeste, no tiene inversión extranjera. “¿Qué ocurre? -preguntó Rocha- . Nosotros necesitamos cuidar, atraer la inversión extranjera, pero cuidarla también. Imagínense ustedes que viene una inversión de ese tamaño y tarde 12 años para que todavía no se pueda. Es una inversión alemana. ¿Cuál es el problema?, que los gobiernos no orientaron a ese grupo de inversionistas de manera positiva y empezaron a trabajar y dejaron de atender una serie de requisitos que demanda la instalación de una planta de esta naturaleza”, lamentó.
Rocha Moya no desconoce, ni calla que la omisión en la atención a las comunidades indígenas, a quienes se les debió invitar a participar en una consulta, como lo marca la ley, generó que estos grupos sociales se ampararan y que el proyecto se encuentre frenado desde hace 12 años.
El origen del conflicto, queda claro, es un pecado de omisión oficial en el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, antes de autorizar una planta de esta envergadura. A 12 años de distancia, queda claro que el abuso del poder no es buen consejero.
Bastaba escuchar y responder a las comunidades.
El 28 de noviembre, en una práctica que se hace habitual en México, los ciudadanos de Ahome votarán en favor o en contra de un proyecto que impacta directamente su calidad de vida.
