La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa realizó este lunes su sesión de trabajo número 98 y determinó cuatro iniciativas por cumplir con los requisitos de ley para seguir su proceso legislativo.
Las determinaciones se aprobaron por unanimidad del voto del presidente y secretario de la Comisión, José Antonio Crespo López y Marco César Almaral Rodríguez, respectivamente, y las diputada vocales Flor Emilia Guerra Mena, Cecilia Covarrubias González y Elva Margarita Inzunza Valenzuela.
*El diputado Apolinar García Carrera, del PT, es autor de una iniciativa que propone declarar el día 10 de septiembre de cada año como “Día Estatal de la Prevención al Suicidio”.
*El Grupo Parlamentario del PRI, que coordina el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, es autor de iniciativa que propone reformas y adiciones diversas a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.
Tiene como objeto incorporar en el marco jurídico local las acciones para visibilizar, identificar y eliminar aquellos actos que discriminan a las mujeres con discapacidad, al impedir el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
*El diputado José Manuel Valenzuela López es autor de iniciativa en la que propone adicionar el artículo 16 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.
Tiene como objeto establecer que el Sistema Estatal de Salud, promoverá que se incluya en el cuadro básico los servicios de atención gratuita de la hemodiálisis, diálisis y trasplante, y desarrollo de políticas de prevención a los enfermos renales sin exclusión alguna.
*El Grupo Parlamentario de Morena, que coordina el diputado José Rosario Romero López, es autor de la iniciativa en la que proponen derogaciones y adiciones diversas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.
El objeto es que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en el estado provean el servicio para la interrupción del embarazo en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.
Se busca que este servicio sea gratuito en instituciones públicas, y que el personal médico al que corresponda practicar la interrupción del embarazo cuyas creencias sean contrarias a tal procedimiento puedan ser objetores de conciencia, siempre y cuando no se ponga la vida de la madre en riesgo y no impida el acceso de mujeres y niñas a la interrupción segura.
