La nueva ola no es tan suave como dicen. Los 600 nuevos casos diarios en Sinaloa lo demuestran.
Y pese a que la pandemia “de dos semanitas” se prolongó ya 18 meses, con centenares de miles de muertos, muy poco hemos aprendido de ella.
El no aprendizaje se asoma en acciones descoordinadas del gobierno (responsable del manejo de la pandemia) y en el relajamiento de la sociedad.
“Para ayudar a desterrar los miedos”, Andrés Manuel López Obrador informó hoy que uno sus hijos enfermó de Covid.
El contagió no impidió que él y su esposa Beatriz (ya vacunados) convivieran con el hijo, admitió.
La noticia fue que ni él ni la señora Beatriz se contagiaron, lo que demuestra desde la lógica presidencial que la vacuna protege hasta un nivel increíble y que el Covid
-aseveró- no afecta tanto a los niños y adolescentes, lo que constituye, de ser cierto, una primicia mundial que desmiente incontables noticias sobre casos de menores afectados.
En Mazatlán y Culiacán los alcaldes Benítez y Estrada dispusieron que a partir del 31 de julio nadie podrá ingresar a lugares públicos sin mostrar su certificado de vacunación, aún cuando la población protegida apenas rebasa el 50%.
Con base en ese dato, la mitad de los ciudadanos no vacunados quedarán segregados o encerrados en sus casas.
Hoy mismo, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en su cuenta de Twitter que solo el 53% de los mexicanos han recibido las dos dosis y que, confío, “cumpliremos el compromiso de vacunar a la mayoría de la población en octubre”. Entonces, nuestros alcaldes deberán esperar a octubre para aplicar la restricción citada pues no es atribuible a los ciudadanos no haber recibido la insaculación esperada, salvo en los casos en que estos decidan no recibirla.
Pero eso no implica que los alcaldes se deban cruzar de brazos. Como ideas (ideas de un simple reportero) para frenar la nueva ola, digamos que podrían gestionar:
-el cierre de cientos de casas de cita, cantinas y antros, verdaderos paraísos de infección;
– la instalación de filtros sanitarios en aeropuertos y centrales de autobuses, por donde transitan decenas de miles de personas del país y de otras partes del mundo;
– la suspensión de actos masivos como son fiestas, conciertos y juegos profesionales de béisbol y fútbol;
– la aplicación masiva de pruebas para la detección temprana, atención y control de nuevos casos. Para la compra de estos insumos podrían suspender las jornadas de “sanitización” que, según la OMS, son inútiles (https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings), e invertir ese dinero en pruebas y más pruebas;
– estudiar junto a expertos la conveniencia de reanudar o no clases presenciales en agosto, aún cuando el presidente de México ha sentenciado que se abrirán las aulas “llueva, truene o relampaguee”;
– y, por último, aconsejar a la población no participar en la Consulta Popular del 1 de agosto a fin de evitar nuevos contagios en las filas de las casillas, pues, a final de cuentas, los mexicanos, desde julio del 2018, conferimos a López Obrador y a las instituciones un amplísimo poder constitucional y facultades plenas para denunciar, abrir carpetas de investigación, sentenciar y meter a la cárcel a los ex funcionarios y ex gobernantes que delinquieron en el servicio público.
