El diputado Marco Antonio Zazueta, expresó en tribuna que el Grupo Parlamentario de morena propondrá además de reformar la Ley de Seguridad Pública, modificar la legislación en materia fiscal del estado y los municipios, con el propósito de garantizar la prestación del servicio de seguridad pública, evitando todo lucro y posibilidad discriminatoria.
El diputado morenista explicó que desde el Plan Estatal de Desarrollo se reconoce que en Sinaloa hay un déficit de 4 mil 457 elementos de seguridad pública, conforme los criterios de las Naciones Unidas que prevén que al menos existan tres policías por cada mil habitantes.
“Sin embargo a pesar de ese reconocimiento, desde el propio gobierno del estado también se admite que la Secretaría de Seguridad Pública presta un servicio particularizado y prácticamente privado. Según sus propios números, en el 2018 por ejemplo, se prestó ese servicio particular a 24 empresas agrícolas y a 107 comercios, en los que tenía asignados 123 elementos en el primer caso, y 252 en el segundo”, refirió Marco Antonio Zazueta.
“Por ese servicio prácticamente privado pero con recursos públicos, al gobierno del estado le ingresan en promedio 130 millones de pesos anuales, lo que representa de manera obvia una ilegalidad, si se acepta que la seguridad pública es por supuesto un servicio público y por lo tanto no sujeto a la condición de quien pueda pagarlo”, criticó el legislador morenista.
Consideró además, que si la comercialización de la seguridad pública, ya es un problema serio por discriminatoria e ilegal, también lo es que quienes prestan servicios públicos o quienes lo prestaron, cuenten con el privilegio de tener una protección particularizada, es decir privada, del servicio de seguridad pública que se supone es de todos, no de los funcionarios y menos de quienes dejan de ser servidores públicos.
“Uno y otro caso representan un desvío de las funciones públicas, en las que en el primero 375 elementos de seguridad pública prestan un servicio privado, y en el segundo otros 179 elementos también presten servicio personalizado a funcionarios y ex funcionarios públicos, uno y otro caso a costa de las contribuciones públicas. Que por supuesto deben dejar de usarse en beneficio de unos cuantos”, observó el morenista.
“Esto debe terminar, y eso es lo que las diputadas y diputados de morena buscamos, con el debido sustento, pues así está establecido en los términos del artículo 21 Constitucional, donde se especifica que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, mediante la actuación de instituciones que se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos, mismas que para el cumplimiento de sus objetivos conforman un Sistema Nacional de Seguridad Pública”, concluyó el legislador.
