El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad punto de acuerdo que exhorta a los 18 ayuntamientos para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable trabajen a la brevedad en la actualización y armonización reglamentaria en material ambiental.
El objeto es contribuir en garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del estado, a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
El punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, fue presentado este martes por la presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable y también presidenta de la Mesa Directiva, diputada Roxana Rubio Valdez.
La legisladora aseguró que la 63 Legislatura ha trabajado para mejorar las condiciones ambientales, pues ha aprobado la Ley de Residuos del Estado, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Ley Estatal de Cambio Climático, y se adicionó un nuevo capítulo al Código Penal para incorporar delitos ambientes, entre otros.
Sin embargo, aclaró, la expedición de ordenamientos no es suficiente, ya que se requiere de la responsabilidad y el compromiso de las autoridades involucradas para vigilar la correcta aplicación de la norma y su sanción en caso de violación.
Por ello, advirtió, se hace imprescindible que tanto a nivel estatal como a nivel municipal se publiquen los reglamentos directamente relacionados con la materia ambiental.
“La protección del medio ambiente debe ser uno de los objetivos primordiales de las políticas públicas, de la responsabilidad de las autoridades en la aplicación de la normatividad vigente y de la población en general de conductas con apego a la legalidad”, expresó.
El punto de acuerdo aprobado es el siguiente:
ÚNICO.- Los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, exhortan respetuosamente a los dieciocho ayuntamientos para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, en el marco de la distribución de competencias y de la corresponsabilidad entre autoridades responsables, se avoquen a la brevedad en la actualización y armonización reglamentaria en materia ambiental, a fin de contribuir en garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del estado a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.