La diputada morenista Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Comisión de Fiscalización, reprochó a la Titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera; que haya ignorado sistemáticamente la dependencia que el órgano que dirige le debe al Congreso del Estado, así como diversos actos de posible corrupción como la entrega de tarjetas para alimentos por parte del Gobierno del Estado por un monto anunciado de 800 millones de pesos en absoluta opacidad, y la construcción con recursos públicos y posterior entrega a intereses particulares del estadio de futbol de Mazatlán por más de 700 millones de pesos.
“La ASE, se hace que no ve nada, que no detecta nada, que no escucha nada. Es por ello, que el Congreso a partir de octubre de 2018, ha encontrado una conflictiva en su relación con la Auditoría Superior del Estado”, señaló la legisladora.
Graciela Domínguez consideró que la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado ante el Congreso del Estado, debió realizarse desde hace un mes, pues hubiera sido lo más correcto jurídica y administrativamente, al tiempo que señaló que las resistencias a la rendición de cuentas siguen siendo el sello del actual gobierno del estado.
“Lamentamos que la Auditora Superior se haya sumado a esta postura al negarse a comparecer al primer llamado del Congreso, poder del que constitucionalmente depende, guste o no guste, y resistirse a un segundo llamado, sintiéndose obligada en respuesta a un citatorio expreso del pleno”, refirió Graciela Domínguez.
La legisladora recordó que una vez conocidos los resultados de las elecciones de julio de 2018, que fueron adversos al partido que ostenta la Gubernatura del Estado, y que dieron paso a una nueva mayoría parlamentaria; se pretendió, sin respetar las reglas del proceso legislativo, aprobar un dictamen con reformas a múltiples artículos de la Constitución sinaloense.
“Aquel dictamen, que finalmente no alcanzó los votos necesarios para su expedición, incluía despojar a este Congreso de su órgano de fiscalización. De ese tamaño era el temor a la revisión de las cuentas públicas, aunque el discurso hablara de fortalecer una autonomía que ya se tiene. Estos antecedentes demuestran que sólo se trataba de retórica. Las reformas de 2017, que se pretendían modernizadoras, terminaron creando un marco jurídico regresivo, defectuoso y obsoleto”, expuso la Presidenta de la Comisión de Fiscalización.
“Tampoco emergió una Auditoría Superior del Estado fortalecida o prestigiada. Las resistencias a comparecer ante este Pleno tristemente lo confirman. A pesar de tratarse de normas limitadas y defectuosas, constituyen una base sobre la que se podía y se puede hacer mucho más de lo que ha hecho la actual Auditoría Superior. Pero no rehuyendo de la institución de la que forma parte y ante la que tiene que rendir sus propias cuentas, aunque no sean buenas”, asentó la legisladora morenista.
Graciela Domínguez recordó también las intenciones de la titular de la ASE de dotar de completa independencia a este ente convirtiéndolo en un órgano Constitucional Autónomo, pues incluso presentó una Iniciativa de Ley que proponía expedir una Nueva Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.
“No sólo ha resultado poco objetiva la actuación de la titular de la ASE, sino que sistemáticamente ha sobrepasado sus atribuciones y se ha desenvuelto como un ente fiscalizador superior, totalmente independiente y constitucionalmente autónomo, ha tratado en los hechos de ignorar la subordinación legal que debe, por Ley, al Congreso del Estado; y ha pasado por encima de sus facultades en su relación con la Comisión de Fiscalización a la que está adscrita administrativamente conforme a la Ley. Una muestra es la solicitud que realizó a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que evaluara su desempeño, pasando por encima de la comisión de fiscalización y del propio Congreso”, criticó Graciela Domínguez Nava.
“Existe una enorme preocupación por la actuación que usted ha tenido al frente del órgano de fiscalización. Le preocupa a la gente y claro que nos preocupa a la mayoría de diputadas y diputados de este Congreso, que los asuntos que comenzamos a conocer desde el inicio de esta legislatura, continúan prácticamente sin avances. Pero nos preocupa más que la mayor parte de estos asuntos, aunque sean verdaderos escándalos que han acompañado todo el periodo del gobierno de la administración estatal que está por concluir, no tengan la correspondencia debida en los informes de cuenta pública”, criticó la morenista.
Graciela Domínguez consideró que algunos casos en los que los intereses personales titular del Poder Ejecutivo, se cruzan inadmisiblemente con los de la administración pública, sin ninguna investigación y menos una resolución de fondo; despiertan fundados temores de que los recursos públicos estatales estén siendo canalizados a la operación de indebidas estrategias políticas durante este proceso electoral, como el denunciado caso de la entrega de tarjetas por alimentos, de entre 150 mil a cuatro millones de operaciones, programa que fue anunciado por el propio Gobierno del Estado y que carece completamente de trasparencia.
“Desde luego debería responderse, si en términos de sus facultades constitucionales y legales usted ha procedido a la revisión de esas operaciones del ejercicio fiscal en curso, sobre todo porque el presupuesto vigente para dicho programa es de solo cuatro millones de pesos, mientras el cumplimiento de la meta anunciada alcanza los 800 millones, con la posibilidad que el gasto se multiplique en virtud de la recarga mensual anunciada de esas tarjetas, ilustradas con la imagen de la campaña del propio gobernador adoptada de manera institucional”, acusó Graciela Domínguez.
Además, lamentó que la ASE haya ignorado uno de los casos más escandalosos de este sexenio: el gran negocio particular con más de 700 millones de inversión de recursos públicos en un estadio de futbol en la ciudad de Mazatlán.
“Las inversiones a este inmueble continúan de manera insultante, ahora con casi 70 millones para la construcción de la unidad deportiva, como parte de la infraestructura del propio estadio de futbol hoy en manos del empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de su empresa Atlético Morelia S. A de C.V. Este caso es un ejemplo de la falta de resultados de la ASE, no hay acciones decididas, como si no estuviéramos ante un posible caso de corrupción que involucra millones de pesos del recurso públicos”, criticó Graciela Domínguez.
Ante estas omisiones de la ASE, en morena se llegó a la obligación ética y moral de presentar una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía por posibles hechos de corrupción contra quienes resulten responsables de este robo al pueblo de Sinaloa.
“¿Nos sirve así una Auditoria Superior del Estado? ¿Qué intereses se protegen por la ASE? Porque todo indica que no son los intereses del pueblo sinaloense. En resumen, la facultad de fiscalizar y revisar las cuentas públicas debe reformarse a fondo, pero no será suficiente sin Auditores o Auditoras con verdadera vocación de autonomía y legalidad. El buen juez, o jueza, por su casa empieza”, concluyó la morenista.
