La diputada Graciela Domínguez buscó ser candidata de Morena a alcaldesa de Culiacán, pero no lo logró. Luego lamentó que su partido ni siquiera notificó a los aspirantes frustrados los pormenores y el resultado de una supuesta encuesta realizada para conocer las preferencias de la sociedad, en la que resultó ganador Jesús  Estrada Ferreiro, a quien -dijo- no apoyará en su campaña, como tampoco colaborará con Gerardo Vargas Landeros, que va por la alcaldía de Ahome con la bendición de Morena.
Dígase que estos desencuentros internos no son exclusivos del Movimiento Regeneración Nacional. En el resto de los partidos políticos son cosa de cada día. En el PRI, por ejemplo, dos de sus más destacados militantes en los últimos años -Rosa Elena Millán y Sergio Torres- dijeron adiós a su partido y son ahora candidatos a la gobernatura por Fuerza X México y Movimiento Ciudadano, respectivamente. Gloria González Burboa, que fue diputada local por el PRI, busca ser gobernadora de la mano del PT. En el PAN las deserciones están a la orden del día.
Pero los ciudadanos no podemos ser ajenos a todo esto. Estamos convocados a ser protagonistas de un proceso electoral atípico, en el que debemos involucrarnos según el rol de cada uno,  emplazados a hacer a un lado la modorra y a votar masivamente el 6 de junio por quien se nos pegue la gana.
Se trata de elecciones ‘intermedias’, caracterizadas históricamente por ser más frías y menos concurridas que las jornadas en que se elige al presidente de la República.
Pero ahora tenemos un proceso diferente debido al marco en que se desarrolla, al tamaño del propio ejercicio y a la  polarización política que domina el escenario; a la permanencia y al probable recrudecimiento de la pandemia; a la crisis económica que ha dejado millones de desempleados y, entre otros factores, a la fragilidad de la autoridad electoral, cuestionada y presionada por el partido en el poder, que ya pidió la renuncia de los consejeros generales del INE, descalificando de tajo a los árbitros del proceso.
Primero, los ciudadanos debemos entender que en esta jornada el enemigo a vencer no es quien piense diferente, sino el abstencionismo.
La sociedad mexicana, atribulada por profundas crisis de diferente tipo, merece la oportunidad de vivir un proceso electoral tranquilo, plenamente legal, sin trampas contra la participación y las decisiones de los ciudadanos. Con voto secreto, libre, sin coacciones, ni amenaza alguna. Sin trampas entre los contendientes, y menos contra los derechos constitucionales de los electores.
Sería gravísimo adosar a la situación actual -de por sí compleja- maniobras de coacción para que votemos por tal o cuál opción por miedo a no recibir vacunas contra el Covid, de ser excluidos de los apoyos económicos de los programas sociales o al través de cualquier forma de amenaza.
Esperemos que impere el orden y la legalidad, aunque están a la vista fenómenos que poco contribuyen a lograrlo. Destacan la opacidad en los procesos internos de los partidos, en un momento en el que la transparencia debe ser prioridad, si acaso hay interés en rescatar la dignidad perdida en la política, una actividad noble maculada hoy por el envilecimiento.
Para lograrlo será elemental conocer los programas y plataformas de los partidos y sus candidatos. Saber qué proponen en materia de seguridad, salud, empleo, educación, desarrollo social y humano, principalmente, más allá de sus filias y fobias y de sus artes para el ataque y la denostación de los adversarios.