Los integrantes del Grupo Parlamentario de morena, reprocharon a la titular de la Secretaria de Transparencia del Gobierno del Estado María Guadalupe Yan Rubio, su pasividad ante la opacidad con la que se ha ejercido el gasto público por parte del Poder Ejecutivo, la discrepancia entre el gasto aprobado por el Congreso y el ejercido por el Gobierno del Estado y el fracaso del combate a la corrupción en diversos casos escandalosos que han marcado la administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel.
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Congreso del Estado, la morenista Cecilia Covarrubias González, señaló en su participación que la parte medular de la función del poder ejecutivo radica en el ejercicio del gasto público.
“Si bien es cierto que la Secretaria María Guadalupe Yan Rubio, no es responsable de cómo se gasta el recurso de los sinaloenses, si está relacionada, porque la transparencia es una herramienta de los ciudadanos para el combate a la corrupción y la opacidad”
Recordó que año con año, el Congreso del Estado emite una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que al ser una ley, se debería de cumplir por quién ejerce el recurso público, es decir por el Poder Ejecutivo y quienes lo conforman.
“No se cumple con esa Ley, y lo muestran los mismos informes anuales del Poder Ejecutivo. En servicios generales del Poder Ejecutivo se gastaron 938 millones de pesos, cuando estaban aprobados 838, es decir que se gastaron 100 millones más de lo aprobado, en el rubro de bienes inmuebles este Congreso aprobó 24 millones de pesos, y el Poder Ejecutivo gastó 910 millones más, en servicios de comunicación se aprobaron 22 millones y se gastaron 424 millones más, en otros servicios generales que no se explican estaban destinados 47 millones y se gastaron 227 millones más, la oficina del Gobernador se gastó 10 millones más de lo aprobado, entre otros muchos ejemplos”, expuso la legisladora morenista.
“Entiendo Secretaria, que esa no es su responsabilidad, pero de lo que sí es responsable es de planear, organizar y coordinar un sistema estatal de control y evaluación de los recursos; así como de inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto aprobado por esta Congreso. Es inadmisible que durante los cuatro años de esta administración, exista tanta discrepancia entre lo que se aprueba y lo que se gasta”, criticó la morenista.
Marco Antonio Zazueta, también integrante de morena y presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, criticó en su participación, que en noviembre de 2017, la Fiscalía General del Estado informó de una orden de aprehensión contra el ex secretario de Salud, durante el sexenio 2011-2016, Ernesto Echeverría Aispuro, señalado por beneficiar económicamente a la red empresarial de la que formaba parte, mediante contratos asignados por sumas que alcanzaron los 87 millones 200 mil pesos.
“Sin embargo, el 31 de julio del 2018, aun cuando el funcionario aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos en los servicios de salud, el gobierno del estado aceptó que sólo se pagaran 7 millones de pesos, en tres pagos”, criticó el legislador.
“También de ese año es el escándalo de la entrega los colchones podridos, que aunque produjo el despido del secretario de desarrollo social y la detención del coordinador administrativo de la misma dependencia, materialmente sigue sin explicarse siquiera quien ordenó la compra y distribuyó los materiales en mal estado”, añadió el morenista.
“El Gobierno del Estado no sólo prácticamente ha terminado perdonando a los implicados, sino que además tampoco ha presentado explicaciones de esa indolencia y franca complicidad frente a escándalos de corrupción”, señaló Marco Antonio Zazueta.
El mismo Marco Zazueta, en una segunda intervención por parte del Grupo Parlamentario de morena, señaló la discrecionalidad en el uso de dos mil 809 millones de pesos de créditos a corto plazo, la oscuridad en el destino de 8 mil 300 millones de ingresos excedentes, 4 mil 200 millones en obras públicas sin expedientes, y el uso mil 500 millones de inversión pública, en beneficio directo de cuatro particulares concesionarios de bienes públicos
Además el desvío de mil 600 millones derivados de aportaciones de trabajadores estatales no entregadas al Instituto de Pensiones, la desaparición de un fondo de ahorro de los trabajadores por mil 60 milllones, la falta de entrega de 113 millones de pesos de aportaciones patronales de vivienda al ISSTESIN, para sumarse a los 924 millones desaparecidos el sexenio pasado en el mismo concepto; y el regalo de 42 millones y medio a una institución de asistencia privada en Los Mochis, que Malova había entregado en calidad de préstamo
“Traer a la vista los datos anteriores del gasto del gobierno del estado, es importante para la sociedad sinaloense porque evidencia un inescrupuloso manejo de recursos públicos, usados en el mejor de los casos con una discrecionalidad inadmisible, pero con una absoluta falta de claridad que favorece todo tipo de actos de corrupción”, expuso el morenista.
Horacio Lora Oliva, por su parte, criticó que no se publican ni actualizan los padrones de beneficiarios de los programas estatales, y esta opacidad es solapada desde la Secretaria de Transparencia.
“Se entregaron 103 apoyos mediante el programa de opciones productivas, pero los padrones de beneficiarios que se aportan públicamente son los del 2018. Se asegura el apoyo a 278 empresas con 197 millones de pesos, mediante las disposiciones de la ley de ley de desarrollo económico pero no hay una sola empresa identificada. Se entregaron 19 millones de créditos en microcréditos, pero no aporta ninguna referencia específica. Se asegura la entrega de 45 mil tarjetas mediante un programa alimentario en 270 colonias y comunidades de los principales municipios del estado, pero no hay una sola colonia o comunidad señalada por su nombre”, citó el legislador morenista.
Finalmente, Francisca Abelló Jordá reprochó que están por cumplirse cuatro años que el gobierno del estado compró en 174 millones de pesos el edificio Homex, supuestamente para mudar ahí oficinas públicas y aunque ya le ha invertido 508 millones de pesos más en su remodelación, todavía no hay manera que pueda cumplirse plenamente el propósito, porque este año su reparación seguirá llevándose otros 52 millones de pesos
“¿Nos puede decir cuál ha sido su intervención en esta fuga permanente de recursos públicos, considerando la compra de un edificio inservible y lo costoso de su remodelación. Ha investigado usted si la millonaria inversión se usó realmente en la reparación del inmueble y no se fue al bolsillo de algunos funcionarios estatales sin escrúpulos?” cuestionó la legisladora.
