Doce iniciativas fueron leídas en la Sesión Pública Ordinaria virtual de este martes, entre cuyas propuestas están la creación de juzgados laborales similares a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje y un Centro de Conciliación Laboral y también se propone incluir testigos sociales en la Ley del Notariado para que participen en la entrega de fiats.

Todas las iniciativas fueron turnadas a diversas comisiones permanentes del Congreso del Estado de Sinaloa para su revisión y análisis correspondiente.

El Grupo Parlamentario de Morena, que coordinada la diputada Graciela Domínguez Nava, es autor de tres de las iniciativas leídas.

En una proponen reformar  el artículo 52 y la fracción XXIX del artículo 19; y adicionar un cuarto párrafo al artículo 16, la fracción XXX al artículo 19, y el artículo 55 Bis A, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa

El objeto es adecuar esta ley ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia en materia laboral y propone que el Pleno del Supremo Tribunal pueda dividir el Estado en circuitos judiciales, donde operen juzgados laborales cuya jurisdicción sea similar a la que ejercen actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Esta iniciativa se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia.

En la segunda iniciativa, el Grupo Parlamentario de Morena propone reformar el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El objeto es suprimir las causales de retiro forzoso para las Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistentes en tener treinta años de servicios en el Poder Judicial del Estado, y dentro de éstos, haber ejercido el cargo de Magistrado cuando menos durante diez años; y por otra parte, haber cumplido quince años de servicios como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En la tercera iniciativa se propone adicionar la Sección VI al Capítulo 111 del Título IV, así como el artículo 92 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El objeto es adecuar el marco normativo para  atender, de manera previa a los procesos jurisdiccionales, los conflictos laborales de orden local, a través del Centro de Conciliación Laboral, con carácter de organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios y que se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

También se prevé que el nombramiento recaerá en una persona certificada en mecanismos alternativos de solución de controversias, con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

El diputado José Antonio Crespo López, de Morena, es autor de una iniciativa que propone adicionar la fracción VIII al artículo 81 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

El objeto es fundar y motivar el garantizar la prevención y el control de la salud sexual y de los embarazos en las niñas y adolescentes de nuestro Estado. La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

El diputado Jesús Ramón Monreal Cázares, de Morena, es autor de una iniciativa en la que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 1144 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y un artículo 21 BIS al Código De Procedimientos Civiles Para el Estado de Sinaloa.

El objeto es que las personas de 65 años o más que sirvan como deudores solidarios no puedan ser desprendidos de sus bienes inmuebles derivado de la obligación de pago contraído de este modo y que no puedan ser desprendidos de sus bienes inmuebles bajo ninguna circunstancia derivada de la obligación de pago contraída de este modo.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

La diputada María Victoria Sánchez Peña, de Morena, y el diputado Édgar Augusto González Zatarain, del PRD, son autores de otra iniciativa en la que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa.

El objeto es dotarla del principio de máxima publicidad, dotarla de la figura de testigos sociales y que se respete la paridad de género en el procedimiento de otorgamiento de notarías públicas en Sinaloa, y que la aplicación y celebración de las pruebas prácticas  y teóricas de cada uno de los sustentantes deban ser transmitidas en vivo o diferida, en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

El Grupo Parlamentario del PRI, que coordina el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, propone en una iniciativa leída expedir la Ley de Emergencia Económica para el Estado de Sinaloa.

El objetivo es facultar al Ejecutivo del Estado para que pueda hacer una declaratoria de emergencia económica que permita implementar acciones en al ámbito fiscal, empresarial, financiero y social.

La ley propuesta se integra de 20 artículos divididos en seis Capítulos más dos artículos transitorios y se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Desarrollo Económico.

La diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del PAS, y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño son autores de tres iniciativas.

En una proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Familiar, ambos del Estado de Sinaloa.

El objeto es proteger a las personas menores de edad, del consumo de los denominados alimentos chatarra, altos en carbohidratos y calorías, así como procurar que los acreedores alimentarios, reciban una alimentación adecuada y con nutrientes suficientes como para fortalecer su sistema inmunológico, para prevenir ciertas enfermedades provocadas por agentes patógenos

La iniciativa se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Familia.

En la segunda proponen adicionar la fracción IX Bis del artículo 4 Bis B, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objeto a armonizar con la Constitución Federal la obligación del Estado para promover el desarrollo y la elaboración de políticas públicas a favor de los jóvenes.

Se establece la obligación de que en el Estado de Sinaloa se promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En la tercera iniciativa proponen reformar el segundo párrafo del artículo 49, de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa.

El objeto es establecer los requisitos para elegir al titular de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas como los de pertenecer a un pueblo indígena o afromexicano y preferentemente hablar una lengua indígena, entre otros.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas.

Una de las iniciativas leídas fue enviada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda y Ley de Coordinación Fiscal, ambas del Estado de Sinaloa

Entre los objetos de esta iniciativa están el contemplar en la Ley de Hacienda del Estado la expedición de Placas con el Icono o diseño especial para vehículos utilizados por personas con discapacidad y que al realizar el alta tenga un menor costo que el del resto de los vehículos.

Asimismo, se propone establecer en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa la fórmula para determinar la distribución que le corresponderá a los Municipios que conforman el Estado de Sinaloa, precisando además que, en el presente caso se plantea una distribución a favor de los Municipios del 20 por ciento.

De igual manera se exigirá, a los interesados en llevar a cabo algunas obras, presentar ante la Secretaría un estudio de impacto urbano realizado por consultores especialistas en temas urbanos y territoriales, para su análisis y aprobación en su caso, sin perjuicio de otras autorizaciones procedentes.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda Pública y Administración.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique lnzunza Cázarez, es autor de iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa

El objeto es un rediseño de las competencias de las Salas del Supremo Tribunal, para efecto de lograr una equilibrada distribución de la carga de trabajo, y propone que la Cuarta Sala continúe integrándose de manera unitaria y que constituya la segunda instancia para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia especializados en justicia para adolescentes y de ejecución penal.

De igual manera busca incorporar a la ley la carrera judicial. La iniciativa se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia.