La diputada Victoria Sánchez Peña cuestionó en a Renato Ocampo Alcantar, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, sobre la correcta aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública que otorga la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y que, de acuerdo a la ley, le corresponde su vigilancia.
“Esos fondos se usan en cualquier cantidad de cosas, lo cual puede ser hasta beneficioso porque permite aplicarlos con criterios de especificidad que requieren la situación de seguridad pública en cada municipio, pero también se ha prestado a otras cosas. Como el caso de la actual alcaldesa del Fuerte, la señora Nubia Ramos, que con esos fondos se compró una camioneta de lujo, a la cual le daba además del uso institucional, un uso personal, y francamente no creo que la laxitud de aplicación del recurso de para tanto. Mal ejemplo este de la señora Ramos, que ha cundido en otros municipios”, señaló la legisladora.
“No recuerdo que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, haya dicho algo al respecto, cuando parte de sus atribuciones es vigilar la correcta aplicación de esos recursos, en los programas diseñados y aprobados por el Consejo que usted dirige operativamente”, añadió María Victoria Sánchez.
“Otra cuestión también de su incumbencia institucional y legal, es lo relativo a la coordinación de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia. Se supone, que uno de los propósitos de la existencia de este organismo que usted representa es lograr esa coordinación, que desafortunadamente aún no vemos”, concluyó la morenista.
Alma Rosa Garzón, se dirigió también al funcionario y lo convocó a que se diseñen y apliquen programas más rigurosos para el combate a las prácticas antiéticas y corruptas de los policías, agentes de investigación criminal y del ministerio público.
“Creemos que el fondo del problema sigue siendo este. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado, tiene, no solo las atribuciones legales, si no la fuerza para imponerse a las inercias de corrupción que nos mantienen aún en un estatus no digno de la inmensa mayoría de los sinaloenses. Combatamos la violencia y las acciones criminales, combatiendo la corrupción al interior de las instituciones”, expresó la legisladora.
