Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de morena, cuestionaron este lunes la falta de transparencia y la opacidad con la que se ejerce la obra pública al Secretario de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, Osbaldo López Angulo, en su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del Poder Ejecutivo.
El diputado morenista Marco César Almaral, señaló que el documento del Cuarto Informe del Ejecutivo del Estado destaca que se hizo una inversión de tres mil 84 millones de pesos en Obra Pública, una suma que resulta equivalente al presupuesto que el año pasado ejercieron 14 de los 18 municipios.
“Nada se refiere el documento en cuanto al cumplimiento de la ley, porque de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Obras Públicas, esa inversión debió ser detallada en un programa presentado al Congreso del Estado, pero esta legislatura no conoció programa alguno, con relación al año que se informa ni de ninguno de los anteriores del gobierno” criticó el morenista.
“Esa omisión seguramente será referida en el informe correspondiente de cuenta pública, como ya lo fue la ausencia de expedientes de cada una de las obras realizadas en el último ejercicio fiscalizado que por su parte sumaban más de 4 mil millones de pesos”, advirtió el legislador.
Consideró que estas omisiones evidencia el nivel de discrecionalidad y opacidad en la inversión de obra pública con una simulación inadmisible, criticando que el primer programa que se presenta correspondiente al ejercicio 2021, tiene por obras casi exclusivamente adeudos por acciones realizadas en ejercicios anteriores, sólo para aparentar dar cumplimiento a la ley.
“El problema, además de esa simulación, es que ese supuesto programa de obras, según el anexo específico del presupuesto, incluye otro que debería explicarse, principalmente por las connotaciones electorales que pudieran derivarse del mismo, porque definido como “Programa de atención de mejoramiento de vivienda en zonas de atención prioritaria”, con una inversión de 40 millones de pesos, y que no precisa ninguna acción específica ni identifica el lugar de su aplicación y mucho menos se dice en qué consiste”, señaló el morenista.
“¿Nos puede decir cuántas casas se van a reparar, dónde va a ocurrir, por lo menos señalar cuáles van a ser los criterios de su aplicación y, por supuesto, si existen, cuándo y dónde van a ser publicados?”, cuestionó Marco César Almaral.
Concluyó señalando que en la carretera de Guamuchilito en el municipio Navolato, el material correcto y sugerido o presupuestado por la Secretaría de Obras Públicas para el vado es con concreto hidráulico, pero la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento pretende hacerlo con asfalto a través de 2 constructoras, obra que sería inútil por las constantes precipitaciones.
Horacio Lora Oliva, también integrante del Grupo Parlamentario de morena, explicó que el 23 de octubre se publicaron nuevas reformas que permitieron noventa días para crear el padrón de testigos sociales, cuyo plazo está por cumplirse, lo que quiere decir que en relación a los testigos sociales se actuó conforme las reformas al artículo 40 de la Ley de obras públicas del 13 de octubre del 2017 en la pasada legislatura, permitiendo la participación de los testigos sociales en las obras públicas sólo si rebasaran una inversión equivalente a cuarenta mil veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, es decir en obras que rebasaran los 105 millones 640 mil pesos.
“Esto es importante señalarlo porque en la relación de obras del cuarto informe en las que se incluyen acciones del 2019 en cuanto a la inversión ejercida en infraestructura urbana, salud, seguridad, deportiva, incluso la de agua potable y drenaje en cualquiera de los municipios del estado, sólo hay cinco casos en las que la aplicación particular en los últimos dos años es superior a los 105 millones de pesos”, observó el morenista. 3
“¿Nos puede decir en cuáles y quiénes de los sólo 17 testigos sociales acreditados por el gobierno del estado participaron en estas obras, considerando la millonaria inversión, que rebasa el requisito exigido por la Ley de Obras Públicas?”, cuestionó el legislador.
“Cuando no se identifican las obras en las que participan los testigos sociales, porque su presencia es impedida por la millonaria inversión requerida, resulta muy conveniente al aumento de costos, por decir lo menos, si no es que a seguros casos de corrupción. Esperemos que este año al cobrar plena vigencia las reformas en relación a los testigos sociales, los propósitos de la renovación íntegra de la ley, se cumplan al pie de la letra para asegurar la transparencia y terminar para siempre con la opacidad en la inversión de obra pública”, concluyó Horacio Lora.
Rosa Inés López Castro participó también por parte de morena, y criticó que desde el inicio de la administración estatal se realizaron acciones de obra pública de manera directa, producto de una legislación materialmente a modo, que permitió evadir la licitación, cuando el costo de la obra no excediera de quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Añadió que según el artículo 92 de la ley, que en septiembre pasado fue reformada íntegramente, la obra pública directa se realiza cuando las dependencias estatales cuenten con maquinaria, equipo de construcción y personal técnico para su operación.
“Desconozco si además de la Secretaría de Obras Públicas, existe otra dependencia estatal que reúna ese requisito, pero lo que no se desconoce es que el Organismo Público Descentralizado de la Administración Estatal denominado “Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa”, más conocido como PRECASIN, ha sido el responsable de ejecutar la obra pública directa, de manera francamente inexplicable, primero porque no cuenta con personal, ni equipo ni maquinaria y en segundo lugar porque no estaba ni está prevista en la ley”, señaló la morenista.
“De manera material y evidentemente oscura, sólo puede hacer obra contratando de manera directa, lo que vuelve todavía más sucia esta operación que triangula la ejecución de obra pública, haciendo a un lado a la secretaría de obras públicas, misma que en términos reglamentarios tiene la responsabilidad de realizar las obras estatales. Algo que usted, como funcionario, ha permitido en cuatro años de gobierno”, criticó la legisladora.
“Lo que el Precasin hace es obra pública directa, en violación a la ley. Lo ha hecho sin presupuesto, y ahora con más razón que el gobierno del estado le asigna 356 millones de pesos, cuando en términos de la ley, las obras de administración directa se limitan a la conservación y mantenimiento de las vías de comunicación pero siempre y cuando el organismo que lo haga, cuente con personal directivo, técnico, administrativo y obrero con perfiles adecuados, maquinaria, herramienta y equipo necesario suficiente que garantice la ejecución de las obras por cuenta propia. Condiciones que Precasin no cumple”, concluyó Rosa Inés López Castro.
En la comparecencia participaron los también morenistas José Rosario Romero y Juan Ramón Torres Navarra, quienes cuestionaron al funcionario sobre la conclusión de algunos tramos carreteros en los municipios de Culiacán y Ahome.
