Culiacán, Sinaloa. 30 de noviembre de 2020.- Merary Villegas, diputada federal por Morena, dio a conocer que a través de la Cámara de Diputados se exhortó al Gobernador Quirino Ordaz, para que se investiguen actos de corrupción de parte de funcionarios del gobierno malovista por los fraudes que devinieron en el cierre de la compañía azucarera de Los Mochis, en perjuicio de los derechos laborales de sus ex trabajadores.
Señaló en rueda de prensa que desde la Comisión permanente, presentó tres exhortos en defensa de ex trabajadores del ingenio Azucarero de Los Mochis, para que se revisara el actuar de las autoridades, dos de ellos en conjunto de la Diputada Tatiana Clouthier.
“Hasta ahora el proceso judicial se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin una investigación a fondo de la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa”, dijo.
El 17 de diciembre de 2009, la sociedad mercantil “Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV”, despidió a 150 trabajadores, los cuales, presentaron una demanda laboral por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán.
Entre las prestaciones demandadas por los trabajadores se encuentran los salarios, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, salarios caídos, utilidades, actualización y regularización de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como la devolución de montos descontados, retenidos y no enterados al Infonavit.
El 19 de octubre de 2016, la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó la sentencia a favor de 10 ex trabajadores, condenando al ingenio al pago de las prestaciones reclamadas.
Merary Villegas explicó que el pago nunca llegó a ninguno de los ex trabajadores, por que la Compañía Azucarera de Los Mochis se amparó ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán.
Por lo que se ordenó a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de conciliación y Arbitraje, restablecer el procedimiento del Juicio Laboral y dictar un nuevo fallo.
Los magistrados consideraron que al emitirse la primer sentencia, se cometieron violaciones al procedimiento en perjuicio del ingenio azucarero, consistentes en que: Se desechó la prueba confesional ofrecida; no fue congruente porque que tomó en cuenta prestaciones no reclamadas por los ex trabajadores en su demanda y en que no consideró la prescripción expuesta por la empresa en su contestación de demanda.
Después de un año seis meses contados a partir del 4 de octubre de 2017, el presidente de la junta especial, remitió a los tres magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con sede en Mazatlán, Sinaloa, copia certificada del nuevo laudo dictado el 13 de marzo de 2019, en el cual se absolvió a la Compañía Azucarera de Los Mochis, del pago de las prestaciones reclamadas por los ex trabajadores.
Los magistrados declararon el asunto como totalmente concluido y ordenaron su archivo. Por lo cual los ex trabajadores interpusieron demanda de amparo la cual fue presentada en fecha 24 de mayo de 2019 ante la autoridad responsable.
El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito dictó acuerdo sobre la demanda de amparo pero de manera inconstitucional e irregularmente desecharon por extemporánea la demanda promovida por los ex trabajadores,
Ello a pesar que conforme lo marca la Ley, la demanda de amparo fue promovida dentro del plazo legal de 15 días hábiles que exige dicha ley y ante la autoridad responsable.
“Ni siquiera se estudió el amparo de los ex trabajadores, no se entró al análisis de los conceptos de violación, desechando la demanda bajo el ilegal e irregular argumento que se les dio vista en la pared de las instalaciones en las listas del Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo que los ex trabajadores y la empresa tienen su domicilio en la Ciudad de Los Mochis”.
“Junto con la diputada Tatiana Clouthier, hemos señalado que desde el año 2014 hasta el cierre de la Compañía Azucarera de Los Mochis hubo indicios de simulación de transacciones y de compraventa de insumos que terminaron por afectar a obreros y ejidatarios que se encontraban relacionados con la cadena productiva de la azucarera, y que entre el mayor presunto fraude que se ha investigado, es el pago de embarques de azúcar que la compañía no se encontraba en condiciones de refinar, por lo que la entrega del producto nunca se llegó a concluir”, dijo.
De acuerdo al expediente 6983 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa se requirió el pago de 157 millones de pesos en compensación a los ex trabajadores del ingenio que, señalaron los obreros, lo cual resulta notablemente insuficiente como compensación.
“Las autoridades locales y estatales del estado de Sinaloa durante el periodo 2011-2016 fueron omisas al no prevenir el desmantelamiento de la empresa que fue emblemática de la industria del estado”.
“El proceso judicial hasta ahora se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin investigar a fondo la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa, señaló Merary Villegas.
Además de exhortar al poder ejecutivo de Sinaloa, también se exhortó a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; al Poder Judicial del estado de Sinaloa; ala Secretaría del Trabajo y Previsión social, para que hagan lo que en sus facultades les corresponde ante esta situación.
