La diputada Yeraldine Bonilla, integrante del Grupo Parlamentario de morena, realizó un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a que atienda en sus términos la Recomendación General número 1/2020 presentada por la Comisión de Derechos Humanos, y a que prevea, en su carácter de organismo constitucional autónomo; las partidas presupuestales que requiera para fortalecer su Servicio Médico Forense con el equipo técnico y humanos necesario para una mayor eficacia en la identificación de víctimas de desaparición, en la próxima presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
La diputada resaltó que en su último informe de actividades, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, es una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los derechos humanos: esta comisión advierte que la existencia de un sólo caso es inaceptable y pide que las condiciones que las generan sean combatidas por las autoridades federales y locales
“Para enfrentar el problema, el Poder Legislativo Federal, con el concurso de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas, expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que tiene por objeto establecer la distribución de competencias, la coordinación entre las autoridades para buscar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”, contextualizó la legisladora morenista.
Agregó que en ese marco, la comisión estatal de derechos humanos emitió el 20 de enero de 2020, la Recomendación General No. 1/2020 denominada “Desaparición de Personas en el Estado de Sinaloa”, dirigida entre otras autoridades, a la fiscalía general del estado.
En dicho documento se advierte con absoluta preocupación, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, que en todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación que forman parte de los expedientes de queja y que, a su vez, se han generado de los casos denunciados por desaparición de personas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se evidencia la poca intención de investigar a fondo.
“Es una constante que los agentes del Ministerio Público enviaban los oficios de investigación una y otra vez a la policía investigadora y ésta no daba respuesta inmediata, transcurriendo meses y hasta años en este supuesto, y el expediente sin moverse, dejando en total indefensión a la víctima directa, negando el acceso a la justicia a los familiares y revictimizándoles en este supuesto”, citó la legisladora morenista.
“Es urgente una investigación activa por parte del Ministerio público, pues fue una constante el percatarnos que la investigación se basa solamente en requerir información a distintas autoridades, enviando y recibiendo oficios, sin mayor actividad al respecto, esto es, las investigaciones son de escritorio y pocas veces se amplían con investigación empírica y de campo”, agregó la diputada citando el documento de la CEDH.
Añadió que a pesar de los beneficios y la eficacia de la prueba de ADN para establecer criterios de identificación de personas, fue posible advertir que no se requirió de manera inmediata a los familiares de las víctimas directas su autorización para practicarles las pruebas pertinentes y de esta manera conformar un registro de datos que facilite la identificación de personas o restos humanos encontrados.
“Un elemento que con toda seguridad ilustra la vigencia de la recomendación, es el del caso de Deivick Jesús Flores Portillo, revelado la semana pasada por los medios de comunicación. El desapareció el 28 de mayo de 2019; su cuerpo se buscó por más de un año en fosas clandestinas, mientras sus restos al parecer siempre estuvieron sin identificar en el servicio médico forense. De manera lógica, este caso ha causado indignación no sólo de la familia de la víctima sino de toda la sociedad”, expuso Yeraldine Bonilla.
Agregó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha reconocido tener un registro de mil 217 cadáveres y osamentas sin identificar desde 2006 hasta septiembre de 2020.
“Lo anterior seguramente explica el caso de la persona desaparecida en manos del Servicio Médico Forense, razón por la que desde esta tribuna exhortamos al fiscal general, primero para que atienda en sus términos la Recomendación General No. 1/2020, presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, en segundo lugar, para que prevea, en su carácter de organismo constitucional autónomo, las partidas presupuestales que requiera para fortalecer su Servicio Médico Forense”, concluyó la morenista.
