La diputada Emilia Guerra Mena, presentó este martes un posicionamiento mediante el cual celebró la publicación en el periódico oficial de la federación reformas a diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.
Con esta nueva disposición legal, se prohíbe que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a las mismas sea inhibido, restringido, obstaculizado o condicionado, y se ordena que en caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre permitan el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, mediante pasos convenidos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Se establecen sanciones con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas”, añadió.
La diputada observó que estas reformas fueron producto de iniciativas presentadas a finales del 2018 en la Cámara de Diputados en las que se documentaron quejas y denuncias en relación a le tendencia privatizadora que estaban teniendo las playas mexicanas.
“Se presentaron denuncias de agresiones en Akumal, Quintana Roo de parte de sus pobladores, en Jalisco; organizaciones civiles presentaron los casos de 33 de las 36 playas del estado cerradas al público y se denunciaron cobros de 30 a cien pesos por persona en Ensenada por permitir el acceso a las playas”, enumeró la legisladora morenista.
“En Bahías de Banderas y San Blas, Nayarit se señalaron apropiaciones indebidas incluso de calles y avenidas por parte de hoteleros y de concesionarios, lo que también se denunció en Los Cabos, Baja California, mientras que en Guaymas y San Carlos en Sonora, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche, el acceso a muchas de sus playas tienen la leyenda de advertencia de ser propiedad privada”, añadió.
Explicó que el proceso de privatización de las playas mexicanas se profundizó en los últimos 20 años poniendo en riesgo más de once mil kilómetros de litoral, con extensas zonas en manos de desarrolladores inmobiliarios, prestadores de servicios turísticos y hasta de políticos como los Toledo Corro en Escuinapa, con marismas, manglares y humedales en terrenos junto al mar con 12 kilómetros de playas, vendidos al Fonatur en 120 millones de dólares, en el sexenio de Calderón.
“Todo ello en violación al artículo 27 constitucional que otorga a la nación la propiedad de tierras y aguas, en menoscabo de la ley de bienes nacionales que define a las playas como las partes de tierra que por virtud de las mareas cubre y descubre el agua, y que por supuesto sujeta a las mismas al régimen del dominio público de la federación, dándoles el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin la posibilidad de sujetarse a la posesión definitiva o incluso provisional por parte de terceros”, justificó la legisladora.
“En este sentido, el decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, es de suma importancia para Sinaloa al evitar las tentaciones privatizadoras de sus 656 kilómetros de litoral y desde luego nos obliga a revisar toda apropiación indebida de terrenos contiguos al mar y con mayor razón investigar sus operaciones millonarias como esa del llamado centro integralmente planeado en Teacapán”, expuso Flor Emilia Guerra.
“La permisividad que hubo en este taciturno proceso de privatización paulatina de nuestras playas, donde la terapia del mar se condiciona, donde un espacio se pierde y donde el neoliberalismo se asoma, nos obliga a reflexionar sobre el valor que como humanos nos estamos dando frente al capital”, concluyó la legisladora.
