Culiacán, Sinaloa. Martes 25 agosto. 2020
Ante la crisis económica que afecta cada vez más a la pesca, el grupo legislativo del PRI en el Congreso de Sinaloa propuso en un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, para exhortar al gobierno federal para que implemente de inmediato un programa de apoyo emergente, a fin de abaratar principalmente el costo del diésel marino, con el objetivo de recuperar la competitividad y rentabilidad de este sector económico. Mismo que fue rechazado por la mayoría de Morena.
Durante la sesión de la diputación permanente virtual, la legisladora local del PRI Ana Cecilia Moreno Romero expuso que de continuar el alto costo del combustible se corre el riesgo de que más de 3 mil 500 pescadores que laboran en las 500 unidades de la flota camaronera ancladas en la costa de Mazatlán se queden sin empleo durante esta temporada 2020-2021 de captura de camarón que inicia en septiembre.
Además de esta propuesta, también puso a consideración la necesidad de un programa federal que garantice condiciones económicas para la competitividad y rentabilidad de las micros, pequeñas y medianas empresas pesqueras, así como de una nueva política pesquera en materia energética, que garantice un precio estable y competitivo para el diésel.
Ana Cecilia Moreno, aclaró que el programa BIENPESCA no es suficiente para cubrir las necesidades más elementales de un pescador o acuicultor, dado que apenas son 7 mil 200 pesos el apoyo anual.
La legisladora dijo que “A la fecha, nos encontramos frente al inminente inicio de la temporada 2020-2021 de captura del camarón, producto de consumo preponderante en nuestro país, y ante este escenario estamos en riesgo de que la mayoría de las embarcaciones y flotas de los litorales de México no puedan salir a realizar su actividad pesquera de manera ordinaria”.
Además del alto precio del combustible, que los pone en desventaja frente a la competencia de otros países como Estados Unidos y algunos de Centroamérica, la legisladora local del PRI destacó que la pesca enfrenta bajos precios de comercialización, el aumento constante en el monto de las deudas y un desempleo que se ha generalizado entre los miembros de la tripulación y las mujeres de las plantas procesadoras.
“El problema vino a agudizarse, en el actual contexto de emergencia sanitaria debido a la pandemia causada por el virus COVID-19, misma que provocó la suspensión de la mayoría de las actividades económicas, impactando en la economía doméstica de las familias de los pescadores”, dijo.
Tomando en consideración que el precio del combustible representa el 70 por ciento del costo total de operación de una flota pesquera, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero señaló que ello genera aumentos en cascada en el costo de la subida de los barcos a los varaderos, en el avituallamiento de las embarcaciones, en el pago de los derecho por aprovechamiento en los permisos de pesca y en la cobertura de cuotas al IMSS, entre otros.
La diputada príista dijo que “El impacto de este aumento se traduce en imposibilidad de que muchos pescadores, no necesariamente organizados, los que realizan su actividad de manera tradicional, no pueden salir a la captura del producto marino, lo cual colocaría a sus familias en situación de extrema vulnerabilidad.
