“Lo que buscamos es que con estas reformas las y los ciudadanos ganen, que tengan la certeza de que tendrán obra de mayor calidad, y obras que sean concluidas, que no queden ahí y que pasen años sin que llegue el desarrollo”, señaló la diputada Graciela Domínguez Nava.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, se refirió a las reformas aprobadas por unanimidad y con el consenso social a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En entrevista con el periodista Luis Alberto Díaz, la diputada resaltó que las reformas aprobadas favorecen la transparencia en la inversión en obras públicas y la calidad de las mismas.
Otro aspecto que resaltó fue la amplia participación de cámaras empresariales, constructores, colegios de profesionistas y ciudadanos, gracias al mecanismo de Parlamento Abierto.
“Ahí –dijo– se empezó a crear ese espacio para que todos los interesados se involucraran con sus propuestas”.
Gracias a esa alta participación, señaló que la reforma aprobada llevó prácticamente a tener una nueva ley, ya que se modificaron cerca de 100 artículos.
Destacó que esta reforma es gracias a los nuevos tiempos y para que estos cambios se hicieran, se logró el consenso con todas las fuerzas políticas.
De las principales modificaciones a le ley, la diputada Graciela Domínguez precisó que se buscó la mayor transparencia en todo el proceso de contratación y ejecución de la obra pública.
Se desapareció, dijo, el concepto de obra pública por invitación a tres empresas, al analizar que ese proceso implicaba mucha simulación y que al final de cuentas se terminaba favoreciendo de manera discrecional a determinada empresa, y ahora se favorece la licitación pública.
También, agregó, se amplía la participación de testigos sociales y se consolidan los Comités de Obra Pública, que jugarán el rol de vigilancia y estarán coadyuvando en la supervisión de la obra pública.
Precisó que se le dan más atribuciones a los testigos sociales para que incluso sus observaciones puedan ser vinculantes y que puedan participar desde que inicia la convocatoria, supervisen la ejecución y conclusión de las obras.
“También buscamos que todas las obras públicas puedan ser aprobadas en un Programa Anual de Obra Pública por el Congreso del Estado cuando se trate de obra estatal, y por los cabildos, cuando se trate de obra municipal”.
Otro aspecto que resaltó la diputada Graciela Domínguez es que Precasin ya no construirá obra nueva por administración directa, solamente hará obras de conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras.
Adicionalmente, observó, las obras a realizar por esta paraestatal tienen que ser presupuestadas en el Programa Anual de Obra Pública.
Domínguez Nava advirtió que se establecen sanciones de tipo administrativo para las autoridades que no acaten la ley, así como sanciones para el empresario que no cumpla con el contrato.
También, añadió, se buscó un esquema para que haya mayor equidad en la participación de las empresas para la licitación, y se incluye que de acuerdo a ciertos montos de obra pública, se dé preferencia a las pequeñas y medianas empresas.
Ello, explico, para que no haya lo que todos conocemos como una especie de privilegios para las grandes empresas.
PARA SER TESTIGOS SOCIALES, REQUISITOS:
En las licitaciones públicas que realicen instituciones, deberán participar las personas que se denominan testigos sociales.
Los órganos internos de control de cada institución, tendrán a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y obras por administración directa, con voz y emitirán un testimonio con validez vinculatoria que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en sus páginas electrónicas oficiales correspondiente, así como en Compra Net-Sinaloa, y se integrará al expediente respectivo;
1.- Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por los órganos internos de control respectivos;
2.- Se acreditarán como testigos sociales a personas físicas quienes para obtener su registro deberán presentar solicitud escrita y los siguientes documentos:
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
b) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;
c) No haber sido servidor público de alguna institución federal, estatal o municipal durante al menos tres años previos a la fecha en que presente su solicitud para ser testigo social;
d) Presentar currículum en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional;
e) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios, familiar, de amistad o afectiva.
f) Manifestar bajo protesta de decir verdad no tener conflicto de intereses en los términos de la Ley aplicable.
