Con las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa se busca una auténtica independencia de los tres poderes de Sinaloa, y también mayor transparencia en el manejo de los recursos, señaló la diputada María Victoria Sánchez Peña.
La presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración comentó que actualmente el Congreso del Estado firma un convenio con el Ejecutivo estatal para que éste le administre la nómina y haga los correspondientes pagos de impuestos.
“Desde que iniciamos esta Legislatura nos dimos cuenta de que había un convenio con el Ejecutivo estatal para manejar los recursos, y en un principio propusimos que ese convenio ya no se firmara, que se anulara, para poder ser un Congreso autónomo”, dijo.
Finalmente, añadió, se decidió presentar una iniciativa, la cual está muy bien detallada de las obligaciones de los poderes y a qué leyes están sujetos éstos para transparentar los recursos.
Con las reformas y sobre lo cual ya se emitió un dictamen a favor, aseguró que por fin el Congreso del Estado tendrá una verdadera autonomía.
“Eso lo celebramos y nos da mucho gusto que hoy sea el Congreso el que tenga y maneje los recursos porque segura estoy que habrá mayor transparencia en cuanto al manejo de los recursos en el Congreso”.
Aunque apenas se emitió el dictamen correspondiente, Sánchez Peña auguró que se aprobará por el Pleno de diputados cuando sea sometido a discusión y análisis.
Una vez que sea aprobado por el pleno, comentó que el Congreso del Estado deberá tener su propio Registro Federal de Contribuyentes para ser independiente y poder manejar su nómina.
Observó que la Auditoría Superior del Estado, por ser un órgano que depende del Congreso del Estado, su nómina también será manejada por éste.
En el Estado de Sinaloa, además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se otorga autonomía constitucional a los organismos siguientes: Instituto Electoral, Tribunal Electoral, Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tribunal de Justicia Administrativa y Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
