Sólo en el primer cuatrimestre del 2019, un mil 199 mexicanas fueron asesinadas. Estas y otras cifras negras, que nos pintan como un país feminicida, son cada vez más conocidas a partir de los homicidios recientes de Fátima y de muchas mujeres más, a quienes la sociedad y el propio gobierno, de principio, debemos pedir perdón.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año anterior, cada dos horas y media, una mujer era víctima de la violencia machista. Este fenómeno, entonces, no surgió hoy.
Pero para el 2020, la situación no parece mejorar, a pesar de la gran indignación y movilización social.
En un contexto general, las víctimas mortales aumentaron 97% por ciento en 4 años.
Para la colaboradora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lourdes Enríquez, el delito de feminicidio se origina en la impunidad.
El primer cuatrimestre de 2019 fue el más “sangriento” para niñas y adolescentes. De enero a abril, 114 menores de cero a 17 años fueron asesinadas.
Diez estados concentraron más de 65% de los 1,199 asesinatos en mujeres ocurridos a inicio del año 2019. Destacaron el Estado de México, con 152 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; Jalisco, con 102, Guanajuato, con 99; Veracruz, con 73; Chihuahua, con 71, y CDMX, con 70.
La mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrieron en ese periodo algún tipo de violencia machista, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018.
Más de 12 millones de mujeres soportan el terror en la intimidad de su relación. Alrededor de 8 millones han sido asfixiadas, cortadas, quemadas y han reconocido padecer depresión.
Otros 4 millones han padecido intentos de asesinato o han pensado en el suicidio.
Lo más terrible: los crimenes contra bebés, niñas y mujeres se han incrementado en los últimos cinco años hasta en 96%.
2020 no pinta mejor.
¿Qué haremos?
No hay pretextos para permanecer indiferentes.
Nos toca contribuir a que este mal sea más visible públicamente y organizarnos socialmente para defender la vida de las mujeres y los hombres mexicanos.
Sin más evasivas, al gobierno le corresponde estudiar este fenómeno y diseñar políticas públicas eficientes que logren disminuir la catástrofe.
Esencialmente, al gobierno le corresponde cumplir la obligación constitucional de defender la vida.
Nos hemos tardado.
