En el marco de las comparecencias con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno de la administración estatal, la diputada morenista Beatriz Adriana Zárate recriminó a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, María Guadalupe Yan Rubio, su falta de compromiso con la sociedad sinaloense.
Refirió que su obligación legal consiste en dirigir las políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; facilitar la participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos y asegurarse del honesto ejercicio del gasto público, en congruencia con el presupuesto aprobado.
“Le digo esto, porque cada vez son mayores los escándalos de corrupción, que muestran que este gobierno no tiene un verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sino que por el contrario parece empeñado en mantenerlos en secreto”, argumentó la morenista.
“El último caso fue el acuerdo del tesorero Carricarte y el secretario Gómez Flores, con Armando Villarreal para buscar cubrir un desvío de 293 millones de pesos, con sólo dos millones de pesos y una disculpa pública”, agregó.
Por otro lado recriminó que el presupuesto del estado se haya puesto en manos de los amigos y familiares del gobernador para mejorarles su lucrativo negocio deportivo y favorecerlos con otros, disfrazados de inversión pública, principalmente en Mazatlán y Los Mochis.
“Haber ocultado por tres años, el voraz cobro de cinco mil 600 millones de pesos que hacen empresarios por hospitales que no construyeron, supone los peores negocios al amparo del servicio público”, acusó Beatriz Adriana Zárate.
“En el servicio público, hay una sola manera de cumplir y es con hechos. Usted explica aquí sus razones, pero no son satisfactorias. No lo son, porque, con independencia de sus argumentos, como le dije, los escándalos de corrupción son cada vez mayores, y la Secretaría a su cargo parece no darse cuenta de nada”, concluyó la legisladora morenista.
Por su parte, el diputado José Rosario Romero, reprochó a la funcionara estatal que no ha querido, o no ha sido capaz, de detener el gasto discrecional de los recursos públicos.
“Se lo digo por lo desvíos del presupuesto, de manera específica los que este Congreso etiquetó para la reubicación de la comunidad afectada por la construcción de la presa Santa María. Si ustedes pueden hacer eso, con recursos específicamente etiquetados por el Congreso, qué se puede esperar de aquellos que son de libre disposición”, expuso el morenista.
En su participación dentro de la comparecencia, el diputado Antonio Crespo, le reclamó a la funcionaria que hasta hoy sólo fueron resueltos 81 de los 588 expedientes sobre quejas y denuncias ciudadanas, y en cuanto a sanciones a servidores públicos se admite también que de 11 procedimientos de responsabilidades sancionatorias, sólo 5 concluyeron con sanción, cifras muy bajas en términos generales, incluso con las que el propio informe compara con los resultados del 2018.
“Usted puede estar o no de acuerdo, señora secretaría, con la expresión de que delito que no se castiga se repite, pero más allá de que sea cierto que la impunidad es la madre de este tipo de males, lo que no puede evitar es que la principal exigencia de la sociedad sigue siendo que el servicio público deje de ser el botín de los funcionarios sin escrúpulos”, argumentó el diputado morenista por el Distrito 23.
El diputado Jesús Palestino Carrera, se refirió a la opacidad observada en la aplicación del presupuesto porque no hay información precisa de los programas de beneficio social ni de los procedimientos de ejecución, ni de los resultados.
“El Coneval refiere que sólo se cumple con un 37 por ciento con relación a los padrones de beneficiarios; con un 75 por ciento en relación a la transparencia presupuestal y con un 62 por ciento en cuanto a la publicación de reglas de operación”, argumentó el morenista.
“Desde luego que los resultados del Coneval no buscan premiar el desempeño de los programas o de los gobiernos estatales, pero si lo que hacen es proyectar evidencias para mejorar la toma de decisiones en política pública, de manera obvia que lo que vemos en Sinaloa es un fracaso particularmente en transparencia sobre los destinatarios de los servicios públicos, debido a la ausencia de padrones, reglas de operación y ejercicio del presupuesto; es decir lo que el estudio muestra es la proclividad a la corrupción desde el servicio público y por lo tanto la inutilidad de la secretaría a su cargo”, reprochó a la funcionaria.
Finalmente, Marco Antonio Zazueta, se dirigió al secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez, y se refirió a la plataforma de “Ciudadano digital”, la cual impacta varios sectores por la diversidad de servicios que presta, pero consideró que también debiera expresarse en esfuerzos como la planeación y la ejecución de las políticas públicas, y hacer más amigables los formatos de presentación de los informes, como el que se analiza en esta Glosa.
“El informe se limita a ser una lista de acciones realizadas por la administración estatal, sin incluir indicadores y avances de las metas que se propusieron en el Plan Estatal de Desarrollo.
“No puede llamarse a este un Gobierno transparente, abierto, moderno e innovador, cuando no se dan herramientas suficientes para que la sociedad evalúe los avances. En la página del gobierno del estado, por ejemplo, sobra la propaganda del puro Sinaloa y faltan los indicadores de cualquier área de gobierno. Se trata de una información confusa de lo que se ofrece como datos abiertos del gobierno del estado, en los que no aparecen siquiera los salarios de los secretarios y el del gobernador”, concluyó el morenista.
