Se trata de la eliminación y disminución de prerrogativas a los partidos políticos: Cuén Ojeda.
Este 8 de enero del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió de manera unánime sentenciar al Senado de la República para que en lo inmediato dictaminen la iniciativa ciudadana presentada por más de 222 mil sinaloenses en el mes de octubre del año 2018, nota retomada por alrededor de 13 medios nacionales.
Cuén Ojeda compareció ante los medios de comunicación de Sinaloa, para informar que este 3 de enero entregó a la Sala Superior un escrito donde solicita que es ilegitimo que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República no emitan el dictamen de la iniciativa ciudadana que propone eliminar el doble financiamiento a los partidos políticos (estatal y federal), así como la reducción del 50 % del financiamiento nacional a estos organismos políticos, argumentando que existen varias alternativas al respecto y que se encuentran en su etapa de valoración.
Por Ley Orgánica del Senado, las Comisiones cuentan con 30 días para dictaminar las iniciativas que les sean turnadas, sin embargo, ya han pasado más de 15 meses que se presentó esta iniciativa y aun las Comisiones no se dignan en dictaminar, lo que es una fragante violación a la Ley que rige el funcionamiento del Senado.
Cabe señalar que la sentencia emitida por la Suprema Corte resolvió también la vinculación a dichas Comisiones para que informen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acerca del cumplimiento de la sentencia.
Cuén Ojeda lamentó que el Senado sea omiso a las propuestas de iniciativas ciudadanas que le hace llegar la población, dado que, en experiencia propia, al haber presentado 6 iniciativas de esta naturaleza, hayamos que haber recurrido a la judicialización de las propuestas, dada la escasa o nula respuesta del Senado.
En este caso específico, de resolverse a favor la iniciativa, los mexicanos tendríamos un ahorro de 7 mil millones de pesos en años donde no se lleve a cabo procesos electorales, y alrededor de 10 mil millones en años electorales.
Finalmente, Cuén Ojeda dejó en claro que de no atenderse la sentencia del TEPJF, se acudirá a una demanda ante la Fiscalía General de la República.
