Cd. de México.- Turnan a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la iniciativa propuesta por la Diputada Federal Merary Villegas, que tiene como finalidad establecer la responsabilidad y sancionar a las y los funcionarios públicos que con su ineficacia obstaculicen el alcance de las medidas de la declaratoria de Alerta de Violencia Género.
La Diputada Merary Villegas, Coordinadora de Diversidad, Género e Inclusión Social de la Mesa Directiva de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, señaló que prevé que en alrededor de 45 días hábiles la comisión dictamine la iniciativa, confiando que resulte favorable para que sea votada por el pleno.
La iniciativa con proyecto de decreto que presentó la legisladora pretende reformar y adicionar la fracción XXVIII del articulo 3, la fracción X del artículo 49, y modifica el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Al día de hoy no se establece regulación jurídica sobre lo que sucede cuando el proceso de solicitud, declaratoria y cumplimiento del mecanismo de Alerta de Violencia de Género no se realiza de conformidad con lo que establece la Ley o reglamento de la misma, como se ha visto en distintas entidades de la República”, señaló la legisladora de Morena.
Como parte de los argumentos dicha iniciativa señala que como obstáculos para lograr el alcance de la declaratoria de la Alerta se encuentran los trámites burocráticos, las prórrogas para entrega de documentos o respuestas por parte de las autoridades de las entidades, el acompañamiento exclusivo durante el periodo en el cual se hace la solicitud o la creación del grupo de trabajo en un periodo superior al establecido.
Merary Villegas, señaló, que un vez que se emite la declaratoria de alerta en un entidad, la importancia radica en el cumplimiento de sus conclusiones y recomendaciones de conformidad con lo establecido en la Ley.
“ Actualmente diecinueve entidades están declaradas con Alerta de Violencia de Género y en su mayoría no se han cumplido las acciones recomendadas por el grupo de trabajo, lo que resulta alarmante pues la razón de ser del mecanismo es generar una estrategia inmediata de protección para garantizar la vida, libertad, integridad de las mujeres y niñas”, dijo.
Merary Villegas lamentó que en territorio declarados en alerta de género, servidores públicos sigan expresándose con misoginia en su quehacer y señaló que corresponde responsabilizar a los gobernantes y funcionarios que tienen injerencia en las distintas etapas del proceso de la declaratoria pues estos cuentan con “facultades, atribuciones y deberes que le confieren el marco jurídico internacional, federal y estatal”.
