Ante el aumento desmedido en la contratación de deuda pública por parte de los municipios, la fracción legislativa local del PRI propuso reformas constitucionales que limitan la capacidad de endeudamiento y establecen plazos perentorios para su pago y contratación.
La diputada Ana Cecilia Moreno Romero presentó una propuesta para obligar el pago de deuda a corto plazo en un plazo de tres meses antes del término del mandato constitucional, sin tener derecho, por ningún motivo, a contratar, en ese mismo periodo, más deuda.
De igual manera, en la propuesta que presentó ante la Oficialía de Partes se propone que los Ayuntamientos podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos presupuestados en la Ley de Ingresos de los Municipios.
En su argumentación, la legisladora local establece que es irresponsable que los municipios traten de subsanar con deuda las deficiencias que tienen entre el gasto corriente excesivo y la pobre recaudación, dado que ello limita su capacidad financiera para atender las demandas justas de la ciudadanía de mayor número de obras y servicios públicos.
En la propuesta de reforma que se presentó ante la Oficialía de Partes, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero indicó que en todos los municipios del estado la deuda de corto plazo supera el ingreso disponible, lo que limita la capacidad financiera de los ayuntamientos para responder a las justas demandas de mayores servicios y obras públicas.
“En Sinaloa, por muchos años la deuda de corto plazo sin fuente de pago, ha sido la solución que utilizan los ayuntamientos para el cierre de sus ejercicios, y lo hacen sin medir las consecuencias legales y económicas, ni el daño colectivo que todo eso genera”, manifestó en su intervención ante el pleno durante la sesión ordinaria del congreso del estado.
Moreno Romero indicó que esta propuesta y otras propuestas de modificación que propondrá el PRI se inscriben dentro de la agenda legislativa estratégica de este año que buscan fortalecer la capacidad financiera y presupuestal de los ayuntamientos para evitar su descapitalización, cada vez más marcada, que les impide dar respuesta a las demandas ciudadanas.
“La existencia recurrente de todas estas deficiencias en la administración municipal, exige un ajuste al marco normativo para dar mayor espacio a las buenas prácticas, pero sobre todo para limitar aquellos espacios que propician un uso poco eficiente de los recursos públicos”, dijo.
