La LXIII Legislatura aprobó este jueves, de manera unánime, un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y que establece entre otras cosas, la obligatoriedad de colocar desfibriladores automáticos externos en lugares de amplia concurrencia con el fin de combatir la muerte súbita cardiaca.
Este dictamen fue aprobado por las Comisiones unidades de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y Asistencia Social y de Ciencia y Tecnología el pasado 27 de agosto.
Se contempla que en todo edificio público o privado donde se concentre una gran cantidad de personas se deberán instalar estos desfibriladores tomando e cuento cuatro parámetros. Deberá colocarse un desfibrilador en el inmueble si se calcula un flujo de entre 500 y 5 mil personas, dos si el flujo es de 5,001 a 10 mil, tres en caso de que se concentren entre 10,001 y 15 mil personas en el inmueble y cuatro si el espacio concentra entre 15,001 y 25 mil personas.
De igual forma, deberán contar con equipo humano debidamente capacitado en el uso de estas herramientas con el fin de brindar auxilio a las personas que sufran infartos en estos lugares.
“D acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares ocasionan la muerte de 17 millones de personas en el mundo anualmente. En Sinaloa, durante el 2016 ocurrieron 3 mil 144 muertes relacionadas con enfermedades isquémicas del corazón”, estableció el morenista Pedro Alonso Villegas Lobo en tribuna.
Las reformas contemplan también la la instalación de comités de bioética en los establecimientos hospitalarios de los sectores público, social y privado para la resolución de los problemas derivados de la atención médica.
“Estos comités analizarán, discutirán y tomarán decisiones en relación a los problemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica o en la docencia de la salud”, explicó Villegas Lobo.
“La incorporación de estas disposiciones armonizarán lo dispuesto por la ley general de salud que en su artículo 41 BIS, obliga a los hospitales de los sectores público, social y privado a contar con sus correspondientes comités de bioética y de ética en investigación”, agregó el morenista.
“Nuestro voto a favor evidentemente considera la incorporación de dar preferencia a las persona y grupos en situación de vulnerabilidad en la prestación de los servicios de salud pública, algo que parece una verdad de perogrullo, pero que puede dejar de serlo a partir de las permanentes intenciones de privatizar los servicios públicos”, agregó el legislador.
En las reformas y adiciones, se incorpora a la legislación establecer el programa estatal para la prevención y atención del uso nocivo de las tecnologías y proponer el establecimiento de medida de protección para la detección, orientación y tratamiento de las personas con problemas derivadas del uso inadecuado de esas tecnologías.
“Esto en cumplimiento del artículo 10, fracción octava de la ley de educación del estado que establece el fomento al uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación, mediante el uso apropiado del internet y de las redes sociales. Por estas razones, apoyamos este dictamen”, concluyó Pedro Villegas Lobo.
