Las escenas provocan vergüenza: nuestros soldados son golpeados y ofendidos aquí y allá sin oponer resistencia alguna. Cual corderos.
Su honra, su uniforme, su lealtad, su patriotismo y su valor, así, ruedan por el suelo.
Les queda sólo la abnegación -un valor que los delincuentes confunden con cobardía- para soportar el oprobio.
A través de comunicados de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional ha explicado que en estos casos de agresión, divulgados intensa y virulentamente en las redes sociales, los soldados no responden “por respeto a los derechos humanos” y “para no caer en provocaciones”.
Es imposible determinar el nivel de indignación o el estado de ánimo que existe entre las fuerzas armadas (al final, son individuos de carne y hueso que sienten), e incluso en los altos mandos, formados en la más rigurosa disciplina y respeto al pueblo que sirven.
¿Qué ocurrió en este país, en donde los íconos más emblemáticos y las instituciones más respetables, como el Ejército, son objeto de burla por cualquier tipo armado?
Las fuerzas armadas mexicanas soportan con aparente estoicismo no sólo escupitajos, empujones o garrotazos. Muchos de sus miembros han muerto.
A principios del 2019 se hizo público un recuento de los saldos dejados por la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón Hinojosa en 2006.
Sólo durante el calderonato murieron 357 elementos de la milicia.
La cuenta bajó con Enrique Peña, cuando cayeron en el cumplimiento de su deber 185 soldados que laboraban en la campaña contra el narco y en acciones de vigilancia para el cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En los 12 años que consumieron los mandatos de Calderón y Peña, en total, fallecieron 542 elementos. Muchos fueron ejecutados con armas de fuego.
Tamaulipas (131 casos), Sinaloa (68), Michoacán (58), Guerrero (55) y Nuevo León (33) fueron los estados en que ocurrieron la mayor cantidad de muertes en esa década.
El 26 de agosto, a través de un comunicado de prensa de la 21 Zona Militar, la Sedena, daba cuenta de un incidente sucedido en el municipio Los Reyes, Michoacán, donde un convoy de militares que montaban en esa zona azotada por las lluvias el Plan DN III, fue agredido por civiles armados.
La Sedena explicó que los soldados no respondieron “por respeto a los derechos humanos” (¿y sus derechos?), y refrendó el compromiso “de salvaguardar la libertad, la vida y los derechos de las personas”.
A través del comunicado de prensa 031/15, el mero día en que conmemoramos el triunfo de los mexicanos ante el Ejército Francés el 5 de mayo de 1862 en la Batalla de Puebla, la Sedena informó que, esa mañana, personal naval fue agredido con armas de fuego por presuntos infractores de la ley. Los hechos ocurrieron en un punto del tramo del Poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, donde perdió la vida un soldado y tres más resultados heridos de bala.
En Michoacán, el 29 de mayo, José Manuel Mireles –ex vocero de los grupos de autodefensa- declaró a El Universal que culpaba al Ejército de los asesinatos registrados en el estado y defendió a un grupo de civiles que habían agredido a un grupo de soldados horas antes. “Aquí, los crímenes los cometen los soldados”, acusó.
Hipólito Mora Chávez, fundador de los mismos grupos de autodefensa, reclamó a Mireles que los soldados deben ser respetados y que estos no debieron ceder ante los delincuentes.
Mora negó que los militares hayan actuados “de manera sensata” al dejarse deshonrar.
“No es sensato porque, al momento que los desarman, no saben si los van a matar o no”.
Mientras, el tufo de la deshonra recorre México. 
