Jesús Estrada Ferreiro asumió el rol que debe ejercer cualquier buen gobernante: privilegiar la seguridad de los ciudadanos, antes que la velocidad, y para ello deberá pacificar el tráfico donde no se respetan los límites de velocidad ni la vida de peatones que no alcanzamos a ver los conductores porque la velocidad no lo permite.
Digamos que Estrada hizo a un lado la comodidad que brinda la simulación política tradicional y atiende ahora a una realidad que debería ocuparnos, ya, a todos: Culiacán figura en los primeros lugares entre los 2,457 municipios del país en un capítulo vergonzoso, como es la cantidad de niños y niñas muertos en accidentes de tránsito o en atropellamientos (INEGI).
Estrada se atrevió a dar los primeros pasos para apaciguar el caos que genera la circulación frenética de alrededor de 500 mil vehículos automotores y para hacer justicia a los peatones (la parte más vulnerable en este desbarajuste), mediante la construcción de los primeros pasos peatonales seguros (frente al Hospital del ISSSTE y a CU) que construirá en puntos urbanos de alto riesgo.
Se decidió, además, a descalificar los tradicionales puentes peatonales como alternativa digna para los peatones, pues, afirmó, segregan a los ancianos, a los niños y niñas y a otros grupos vulnerables, sin importarle al edil el escozor que su postura pudo causar –inclusive- entre algunos de sus colaboradores.
Aunque se trata de pequeñas intervenciones urbanas, hablamos de obras que serán enormes al ser útiles para salvar vidas. Con ellas, un alcalde quiere orden donde hay caos.
La tarea no será sencilla y merece también el respaldo de la sociedad, del propio gobernador Quirino Ordaz Coppel y del gobierno federal.
El alcalde se dispone a enfrentar una de las peores herencias que dejó el siglo XX: la entrega del espacio público a los autos, con los consecuentes estragos que causa la segregación masiva de las personas.
Deberá contar además con la colaboración de funcionarios y expertos en materia de movilidad urbana abiertos, como él, a entender y a hacer posibles los cambios que reclama de manera urgente la ciudad.
Desde hace muchos años, el Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN), MAPASIN, PRO-CIUDAD y otros grupos ciudadanos mantienen una lucha contra los efectos que deja la motorización, principalmente el caos vial, la contaminación ambiental y la pérdida de vidas humanas, y gracias a su perseverancia lograron que estos fenómenos sean parte del diálogo común de los ciudadanos. Con la disposición del alcalde, Culiacán podría entrar en una ruta franca de corrección a estos graves problemas urbanos.
Para lograrlo, Culiacán requiere transformaciones que permitan hacer visibles a los peatones y, simultáneamente, aplicar los reglamentos de tránsito y pugnar por el correcto funcionamiento del sistema penal.
Se trata de dos retos que impone al país el olvido de muchos peatones que murieron atropellados, pues “gracias a nuestro actual paradigma, atropellar a alguien más se volvió un asunto privado para ser velado en familia, cuando hace 80 años era una pérdida pública, similar a la muerte de un soldado” (artículo El Peatón Invisible, de Carlos Brown Solá, Maestro de El Colegio de México).
El ayuntamiento de Culiacán, al fin, invierte en renglones olvidados por la agenda pública y por los presupuestos federales y locales, como es una infraestructura que favorezca a quienes caminan.
Si en Estados Unidos el gasto en este tipo de infraestructura es de 2.7 dólares y en Costa Rica de 7.8, en México (según el organismo El Poder del Consumidor) apenas llega a 80 centavos de dólar por cada peatón.
De tal magnitud es nuestro rezago en esa materia.