La iniciativa para expedir la Ley para el Auxilio y Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia del Estado de Sinaloa, fue leída ante el Pleno.
El objeto de esta propuesta es atender y proteger a las personas que la violencia expulse de sus lugares de residencia, expone el artículo primero de esta iniciativa.
La necesidad de una legislación específica que atienda el problema de las personas desplazadas por la violencia en el país, la precisa la recomendación número 34 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 30 de noviembre de 2013.
Y de manera más reciente, la recomendación general que en el marco del Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en mayo de 2016.
En dicho informe en el que se identifica a las comunidades expulsoras de personas desplazadas por la violencia en 10 de los 18 municipios sinaloenses, así como en nueve estados más del país, se urge atender a sus víctimas.
En la exposición de motivos de esta iniciativa que fue presentada por el grupo parlamentario de Morena, se expone que el problema de los desplazados internos de México a causa de la violencia fue incorporado al 30 de noviembre de 2013, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se expone que las más recientes informaciones relacionadas con desplazamientos en Sinaloa son de julio de 2017, cuando también los medios de comunicación revelaron el éxodo forzado de 300 familias.
Estas familias de las comunidades de la Petaca y Chirimoyos, a la que se sumaron habitantes de El Coco, Coatantal, Potrerillos, Santa Catarina, Santa Lucía, El Carrizal, La Capilla del Taxte, Los Cerritos, Los Naranjos, Palmillas, Cuauhtémoc, La Guayanera y de Pánuco en el municipio de Concordia, se lee.
En mayo de 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, documentó cinco episodios de desplazamiento en Sinaloa, afectando a 931 personas en los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia, San Ignacio y Badiraguato.
