Ante el incremento en el robo de productos e insumos agrícolas, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa propuso incrementar, de manera sustancial, la pena de prisión establecida actualmente en el Código Penal, como medida para inhibir este delito que afecta el patrimonio de los productores y sus familias.
En la iniciativa que presentada el partido ante la Oficialía de Partes, se propone modificar el artículo 203 a fin incrementar en dos años el periodo de cárcel, pasando ahora de un mínimo de 2 a un máximo de 10 años, dependiendo del monto de lo robado.
Al hacer entrega del documento, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, consideró que el sector agrícola en Sinaloa enfrenta una crisis, derivada de los problemas de comercialización, dumping y ahora la inseguridad, por lo que es necesario coordinador esfuerzos para mejorar todas las vertientes.
“Ahora queremos enfocarnos a atender, desde el plano legislativo, este flagelo de la inseguridad, que golpea el patrimonio de los productores”, dijo.
Acompañado de las diputadas Gloria Himelda Félix y Ana Cecilia Morena, el legislador consideró que el robo a los productores no solamente afecta su patrimonio, sino la economía regional en general.
En la iniciativa se establece que hay avances en esta lucha contra el delito, ya que desde el 2015 el Congreso aprobó tipificar como robo el apoderamiento de bienes, productos, frutos cosechados o por cosechar, semillas, materiales, equipo, maquinaria, implementos, insumos, aditamentos o cualquier cosa relacionada, destinada, utilizada o propia de la actividad agrícola, sin el consentimiento del propietario y sin tener derecho.
No obstante, se destaca, que en las últimas fechas el apoderamiento ilegal de bienes del sector agrícola se ha incrementado, principalmente en el robo en plantíos, el asalto en caminos locales, durante el almacenamiento de la producción en bodegas y en el robo de maquinaria utilitaria como tractores, trilladoras, entre otros.
“En este sentido, es preciso revisar el marco punitivo y ponderar de manera seria la necesidad de ampliar las penas de prisión hasta ahora vigentes, para dar respuesta contundente a la problemática de la inseguridad, inhibirla y desterrarla para hacer respetar los esfuerzos de quienes apuestan al progreso.
