A fin de contribuir a combatir la corrupción, no solamente fortaleciendo el castigo sino también la prevención, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa propuso establecer el 30 de abril de cada año como fecha límite para que el estado y municipios rindan un informe del gasto público, avalado por firmas externas, y exigió que el informe financiero incluya el avance físico de las obras auditadas por la Auditoría Superior del Estado.
En su propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Dip. Ana Cecilia Moreno Romero destacó que estas dos se suman a las anteriores que recientemente planteó también su fracción legislativa para erradicar de manera, real y eficiente, ese flagelo que se involucra en las obras públicas, y no solamente a generar “estridencia” o “escándalo público”.
Señaló que estas propuestas están dirigidas a fortalecer las tareas de supervisión sobre el uso de los recursos públicos y de tener mejores elementos que permitan advertir cualquier tipo de desvíos, ya sea en el ejercicio del presupuesto o en la construcción de las obras, de manera que la ASE tenga mejores herramientas jurídicas para que puedan actuar oportunamente al detectar cualquier irregularidad o deshonestidad en los servidores públicos.
“Queremos modificar las leyes para poder hacer mejor las cosas. Estamos proponiendo reformas jurídicas que nos permitan evitar la deshonestidad y los actos de corrupción. Generalmente se pone énfasis en castigar los actos indebidos, pero muy poco hemos hecho como diputados para prevenir y para crear los mecanismos legales que impidan que los funcionarios públicos actúen al margen de la ley”, manifestó la legisladora.
Moreno Romero indicó que el objetivo es que los estados financieros estén auditados por despachos contables externos y reconocidos profesionalmente, de acuerdo con los lineamientos que hayan sido expedidos por sus respectivos órganos internos de control, y que las obras tengan, además, una mejor planeación, programación y evaluación de la información, de manera que se detecten con oportunidad posibles irregularidades.
“No estamos trabajando para la estridencia o el escándalo público. Nosotros estamos proponiendo asuntos relacionados con lo que realmente corresponde hacer a este Congreso del Estado; que es legislar, y sobre todo legislar con calidad. Sería injusto para Sinaloa que este tipo de iniciativas de ley vayan directo a la congeladora legislativa”, indicó.
