¿Qué razón puede existir para suspender la construcción de una planta en Topo que producirá 770 millones de kilos de amoniaco cada año? Sólo que el aborto sea para evitar la destrucción de un ecosistema reconocido como sitio Ramsar o para que no se pisoteen los derechos de los indígenas de la zona.
Desde la óptica de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), quien operaría la planta, todo está bien. La Dirección General de GPO hace unos días confió a periodistas de Los Mochis que, pese a los contratiempos, el proyecto camina y a finales del 2019 iniciará la ejecución de la obra.
Topolobampo fue el lugar elegido por el soñador Albert K. Owen a fines del siglo XIX para construir ahí su paraíso socialista. Un siglo después, en su campaña por la gubernatura, Francisco Labastida elogió la ubicación de Topo y ofreció proyectos que, prometió, haría realidad esa visión.
El futuro mediato de Topo parece incierto y dependerá de diversos factores: de los dictámenes de los expertos; de los criterios, a veces danzantes, de los jueces federales; de los argumentos de los defensores del sitio Ramsar, un ecosistema supuestamente amenazado de muerte; de los testimonios de los indígenas segregados y despojados durante siglos y, sobre todo, de la posición que asuman los nuevos funcionarios federales de la 4T.
Topo tal vez encarne el paraíso owenesco en una gigantesca planta de amoniaco, o quizá será el mismo Apocalipsis de este paraíso del norte de Sinaloa si ocurre la catástrofe ambiental que advierten los opositores. Para saber más, repasemos algunas publicaciones sobre este proceso:
En septiembre del 2013, Pedro Joaquín Coldwell (Sener), tras una reunión con Malova y David Cassidy -CEO de la empresa alemana ProMan-, anunció el proyecto. Pese a su ubicación en un sitio Ramsar y de la resistencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en junio del 2016 la SEMARNAT avaló la permanencia de la planta en el humedal durante 25 años.
El proyecto fue desarrollado por el despacho ‘Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas’, de Francisco Labastida, quien promovió en 2013 ante ProMan la construcción de la planta e invitó a su amigo mazatleco José Eduvigildo Carranza a convertirse en el inversionista principal.
En mayo de 2018, no obstante el rechazo de pescadores y ciudadanos, la Profepa desmintió que hubiese alguna suspensión ordenada por los jueces, y el titular de Sedeco, Javier Lizárraga garantizó el 12 de mayo que la construcción nunca se detuvo, y precisó que, al momento, se habían invertido ya 100 millones de dólares, de un total de 5 mil millones programados. Simultáneamente, la PROFEPA dijo que certificó 4 los permisos necesarios.
LA CORRUPCIÓN. El 24 de octubre de 2018, trascendió que abogados de Los Mochis ofrecieron cochupos de 100 mil pesos para corromper a miembros del colectivo AQUÍ, NO. El asunto llegó al Cabildo de Ahome, que esa tarde aprobaría el Plan de Desarrollo del Corredor Los Mochis-Topobampo, en el cual pretendían incluir el polígono en que se ubica la planta de amoniaco. Al final, el Plan excluyó tal polígono. Algunos regidores acusaron que la planta se construye “sobre bases podridas e ilegales” y en una zona marítima cuya propiedad se adjudicó, mediante artimañas, un ex diputado federal –Rubén Félix Hays, presuntamente-.
LA CONTAMINACIÓN. Ese día, un portal local de noticias publicó que la contaminación de canales y bahías por agroquímicos es grave pues los desechos superan en 1,000% el permitido por la norma vigente (Línea Directa, 24/10/2017). La rectora de la UAIS, María Guadalupe Ibarra, acusó que los intereses económicos están por encima de la salud y de la armonía social en el caso de la planta de amoniaco. Y cuestionó: si hubo una evaluación del impacto ambiental y se dijo que no es el lugar apropiado para construir la planta, ¿por qué nadie la ha parado? Hay un trasfondo económico-político, exhibió, y sería un riesgo muy grande su operación en ese lugar.
QUE SUSPENDAN LA OBRA. El 13 de noviembre del año pasado, el diputado Jesús Palestino exigió en un Punto de Acuerdo cumplir la resolución del Juzgado Sexto y que la SEMARNAT suspenda en definitiva la construcción de la planta. En 2016 –dijo- 13 cooperativas pesqueras lograron que el Juzgado II de Distrito con sede Culiacán les concediera el 28 de marzo la protección para la suspensión definitiva. La diputada Roxana Rubio dijo que las comisiones de Ecología y de Asuntos Indígenas escucharon al grupo AQUÍ, NO y acordaron solicitar a Billy Chapman información sobre los permisos concedidos antes. El 18 de noviembre, cooperativistas de Topo, Paredones y Lázaro Cárdenas se manifestaron en contra de la construcción. Gerardo Peña, del colectivo AQUÍ, NO dijo que las manifestaciones no pararán.
Un juez federal otorgó el 22 de noviembre el amparo definitivo 528/201 al Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa. El juez determinó que no se consultó a las etnias sobre la construcción de la planta en sus terrenos. El juicio lo perdió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. El Juez José Francisco Pérez Mier, titular del Juzgado VII de Distrito, ordenó una nueva suspensión provisional para prevenir daño ambiental en la bahía, en uso de una facultad legal que le permite detener cualquier amenaza contra el medio ambiente. Con esta medida precautoria, dejó sin efecto el permiso que emitió la SEMARNAT a los inversionistas el 21 de abril de 2014.
El 2 de febrero de 2019, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró que la inversión está firme y reconoció que la judicialización del caso ha demorado el proyecto.
Luego, un medio de comunicación de CDMX informó el 6 de marzo que un juez federal ordenó suspender la construcción, mientras GPO aseguraba que construye con apego a las leyes. No obstante, José Francisco Pérez Mier, titular del Juzgado VII de Distrito de Los Mochis determinó suspender la obra ante la probabilidad de causar daños irreparables al ecosistema.
El juez mencionó que el sitio impactado es un sistema integral de relevancia biológica y ecológica indispensable para la subsistencia de la propia humanidad. Con ese criterio, otorgó la suspensión definitiva solicitada por el ejido El Muellecito. La medida dejó sin efecto la resolución en materia de impacto ambiental del 21 de abril de 2014, mediante la cual la SEMARNAT autorizó la construcción de la planta. Esta nueva orden suspendió indefinidamente la construcción de la ‘Planta de Amoniaco de 2,200 TMPD’.
HISTORIA. En un país donde los más empoderados pasan fácilmente por encima de los derechos indígenas, y de quien sea, flota la pregunta: en términos económicos, ¿en qué cabeza cabría que podría suspenderse un proyecto de tal magnitud? En ninguna, quizá. Pero el caso es más que dinero.
Sucedería sólo si los jueces dictan que la planta amenaza al ecosistema, que los derechos de los pueblos indígenas pueden ser pisoteados, y, en cualquier caso, abortaría sólo si en México de veras, de veras, las cosas han cambiado tanto, tanto, como nos lo repiten cada mañana.
