Como un acto decepcionante en la procuración de justicia calificó la diputada de Morena Flor Emilia Guerra Mena la sentencia absolutoria a Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud. En la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora presentó propuesta de punto de acuerdo que fue turnada a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. En su propuesta, la diputada planteó cuatro puntos: PRIMERO. Se acuerde por esta Diputación Permanente solicitar a la señora auditora, Emma Guadalupe Félix Rivera, presente un informe sobre la participación de la auditoría no sólo sobre la investigación al funcionario, sino también en el proceso acusatorio ante la Fiscalía y desde luego su punto de vista sobre la absolución resuelta, después de haberse pagado en abonos, la mitad del daño causado al erario. SEGUNDO. Con el informe de la Auditoría Superior, mediante el cual este Congreso conozca la magnitud de los daños causados por el funcionario absurdamente absuelto, esta Diputación Permanente establezca el día y hora al citatorio de quien sea titular de la Fiscalía Anticorrupción. TERCERO. De todo este proceso de necesarias aclaraciones, este Congreso se acompañe de quienes integran al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, si queremos encontrar en todo esto una enseñanza contra la simulación inadmisible del combate a la corrupción. CUARTO. Que esta Diputación Permanente solicite al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, confirme si los siete millones de pesos, cubiertos presuntamente por el doctor Echeverría, fueron efectivamente depositados en la Tesorería del Estado y no representaron otro acto de simulación. Guerra Mena recordó que en noviembre de 2017, la Fiscalía General del Estado informó de una orden de aprehensión en contra del Secretario de Salud señalado por la Auditoría Superior del Estado de usar el sistema de salud a su cargo para realizar operaciones que beneficiaron económicamente a la red empresarial a la que pertenece, mediante contratos asignados por sumas que alcanzaron los 87 millones 200 mil pesos. El 31 de julio del año pasado, al aceptar su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos en los servicios de salud, la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General, solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que permita evitar prisión siempre y cuando se cumplieran las medidas de reparación y la Auditoría Superior lo aceptara que Ernesto Echeverría cubriera en tres pagos 7 millones de pesos. No ha quedado claro bajo qué criterios la representación de la sociedad, como lo es la Fiscalía y la parte ofendida como lo es la Auditoría Superior, se propusieran recuperar sólo el 50 por ciento del desvío, pero los abonos fueron terminados de pagar el jueves de la semana pasada y a partir de entonces el juez dio por terminado el caso porque la fiscalía renunció a su derecho de hacer uso del recurso de revisión. “Con todo y el marco legal que lo permite, para nuestro grupo parlamentario este es un caso decepcionante en la procuración de justicia porque produce la frustración de la sociedad en el combate que de manera frontal se debe dar a la corrupción”, explicó la legisladora.
