Con el fin de garantizar una pensión alimentaria justa y acorde a la realidad para los menores de edad, la fracción del PRI en el Congreso del Estado propuso cárcel y multa a los padres en situación de divorcio que simulen insolvencia económica o su salario real, así como también a los patrones que accedan a participar en esta irregularidad.
En la iniciativa de modificación al Código Penal, la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla planteó prisión de seis meses a tres años a los involucrados que se le compruebe esta violación a la Ley, así como multa de 180 a 360 días de salario mínimo, y suspensión o privación de sus derechos de familia, en el caso del cónyuge.
Igualmente, se aplicará la mitad de la pena a quien incumpla con la orden judicial de informar acerca de los ingresos o no lo haga dentro del plazo señalado en el oficio respectivo y de manera veraz, u omita realizar de inmediato el descuento ordenado.
En la Iniciativa de modificación se aclara que el garantizar una pensión alimentaria es obligatoria no solamente para los menores de edad sino también al cónyuge, en los casos en que, por condiciones adversas de salud o incapacidad, así lo ameritan.
En su intervención en tribuna, la diputada manifestó que el derecho alimentario es reconocido no solamente a nivel nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a nivel internacional, tal y como se establece en la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de los Niños.
Destacó que esta iniciativa pretende erradicar la simulación en la capacidad económica real que, cada vez más, realizan los deudores alimentarios, a fin de disminuir la pensión respectiva, y también inhibir el apoyo que prestan algunos patrones para ello.
“Este tipo de fraudes no sólo vulneran a las instituciones de impartición de justicia en materia familiar, sino que generan también un estado de transgresión continua hacia el derecho a recibir alimentos, que por sus características goza de un carácter preferente en la escala de prioridades para su cumplimiento.
“Con esta reforma se busca robustecer las acciones de la justicia a fin de garantizar la disminución de los índices respecto de la incidencia de estas conductas, eliminar paulatinamente la participación indebida de los patrones y fuentes laborales, generando además las bases y mecanismos para su inmediata reparación”, puntualizó la legisladora.
