El Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se reforman los artículos 336 y 338 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, presentado por la Comisión de Justicia y con el que se endurecerán las penas en los delitos contra la procuración y administración de justicia.
Lo anterior, a fin de incrementar las penas en la figura típica de evasión de presos; así como en la reducción de sanciones por reaprehensión de prófugos debido a gestiones del responsable de la evasión o liberación.
Con esta aprobación, el incremento de la pena será de “dos a ocho años de prisión, por cinco a doce años, al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de aquélla”, además de “incrementar la pena de tres meses a un año de prisión o de diez a noventa días multa, por uno a tres años, conservando los días multa, si la reaprehensión del evadido se lograre por gestiones del responsable de la evasión”.
Además se estaría incrementando la pena de acuerdo al número de presos que logren evadirse.
De acuerdo al dictamen, se consideró necesaria la aprobación de esta reforma como una medida de seguridad ante la continua comisión de este delito, y contribuir a disminuir los niveles delictivos.
