Cuando un reportero acucioso advierte a Quirino Ordaz Coppel que “la gente quiere cárcel y quiere el dinero”, inevitablemente recordamos el pasaje aquél, cuando la turba respondió exaltada a Pilatos: ¡Crucifícalo!
En estos tiempos, tal sentencia implicaría cadena perpetua o la muerte para muchos ex funcionarios y para el propio ex gobernador Mario López Valdez.
Temeroso, Pilatos complació a la plebe y entregó a Jesús para que lo sacrificaran.
Cauto, Quirino defiende que actúa apegado estrictamente a lo que dictan las leyes y un sistema de justicia penal que, bien o mal, no admite errores de los fiscales, so pena de favorecer a los supuestos responsables de delitos.
Evidentemente, el gobernador camina con pies de plomo y se cuida de no caer en un desliz que signifique la exoneración de Ernesto Echeverría u otros.
¿No lo cree usted? Pues así es: con sólo un error, se pierde el juego.
La implicación del poderoso ex secretario de Turismo Ernesto Echeverría en delitos de daños patrimoniales contra el gobierno de Sinaloa; la imposición de un cargo de 480 millones de pesos que él debe pagar al erario estatal para resarcir tales daños, más su inhabilitación para que ocupe cargos públicos durante varios años, no es cosa menor.
Aunque ¡queremos más! , el golpe propinado a Echeverría no es un coscorrón. En términos vulgares, es un madrazo.
Lo cierto es que el juicio popular camina infinitamente más aprisa que el aparato de la justicia.
Bien o mal, de nuevo, los implicados gozan de derechos constitucionales que nadie debe conculcar, como son los plazos y recursos de que disponen para su defensa, más otros tantos procedimientos que ningún funcionario o acusador debe estropear ni siquiera con una declaración inadecuada, tras la cual no cabría decir ‘me equivoqué’.
Lo saben Quirino Ordaz, los auditores y los fiscales, y por ello deben ir despacio, despacito.
La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia investigan desde hace meses a todas las dependencias de la administración estatal y, conforme a lo ofrecido por el propio gobernador, han hecho público cada resultado a cuentagotas.
Para hacer pública tal o cual situación o la identidad de algún implicado, júrelo usted que deben tener los pelos de la burra en la mano, como dicen en el rancho.
Para hacer público el caso Echeverría, cualquier funcionario está obligado a tener bajo la mano una carpeta sólida, integrada por expedientes y datos impecables.
¿Y a Malova? ¿Se le investiga? La pregunta es formulada de manera repetida a Quirino Ordaz.
Para responder, el gobernador debe ser cauto, como la mañana de hoy, cuando apenas esbozó: “lo que marca la ley”. Y debe ser parco, además, como hoy, cuando le preguntaron: ¿ha tenido comunicación con Malova? “No he tenido comunicación”.
Ésa quizá sea la nota de hoy. La distancia entre ambos personajes echa abajo perniciosas versiones que propagan la existencia de un ex gobernador aún influyente y con poder suficiente para, en lugar de una orden de aprehensión, obtener hasta una candidatura.
