El Pleno de la LXII Legislatura aprobó tres dictámenes durante la sesión de este jueves, con los cuales se crea la Ley Orgánica de la CEDH, se autoriza la enajenación mediante subasta pública de la Casa de Gobierno y se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados de la entidad.
De esta manera, se ordenó la expedición de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual tiene como objetivo determinar la organización, funcionamiento, integración, competencia y procedimientos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y establecer las bases para dar cumplimiento a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
El dictamen, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, establece tanto obligaciones para el Presidente así como su forma de ser elegido; las dependencias que tienen obligación de respetar y difundir los derechos humanos; el quejoso, el servidor público y destaca que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos, por lo que ningún orden de autoridad estatal o municipal está exenta de ser sujeta a procedimiento en caso de violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa.
Esta nueva ley consta de Ciento Diecisiete Artículos Naturales así como de Cinco Artículos Transitorios y se turnó a la Secretaría para su segunda lectura de Reglamento.
Posteriormente, se aprobó el dictamen sobre la solicitud del Ejecutivo del Estado para enajenar mediante subasta pública un bien inmueble con superficie total de terreno de 2,678 metros cuadrados de la llamada Casa de Gobierno.
Durante la discusión del tema, la diputada Francisca Henríquez Ayón (PAN), realizó una propuesta en lo particular con lo cual se establece que los recursos obtenidos por la enajenación por subasta de la llamada Casa de Gobierno, se destine a inversión e infraestructura pública del sector salud, a lo que se sumó el diputado Jesús Baltazar Rendón Sánchez (PAS), la cual fue aprobada también de manera unánime.
Cabe destacar que de acuerdo al documento elaborado por la Comisión de Hacienda Pública y Administración, se considera pertinente la solicitud de enajenación al resultar que dicho bien ha dejado de ser útil para el estado y que los recursos obtenidos por su subasta podrán ser destinados a programas o actividades en beneficio de la sociedad sinaloense.
Por otra parte, los diputados avalaron el dictamen por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, cambios a efecto de garantizar un marco competitivo para la contratación y ejecución de obras públicas, fortalecer instancias que coadyuvan en el cumplimiento de la Ley, establecer un monto a partir del cual una licitación debe ser vigilada por un testigo social; actualizar y delimitar las características y condiciones que deberán cubrir las propuestas para ser declaradas solventes, así como adecuaciones a las reglas relativas a los procedimientos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, juntas de aclaraciones y la presentación de garantía, entre otras.
A lo que se le sumó una propuesta en lo particular realizada por el diputado Jesús Ibarra Ramos (PANAL), en la que dijo que al hablar de transparencia, conlleva a hablar de comités y del gobierno, por lo que propuso una fracción Tercera, en la que asienta que los testigos deberán declarar no tener intereses de ninguna naturaleza.
