El Derecho Humano de participación política se nos ha regateado y limitado permanentemente a los mexicanos en el México post-revolucionario. Fueron los vencedores de la Revolución los que decidieron que México era un país infantil que no sabía gobernarse a sí mismo y que necesitaba papá, tutela, y así crearon toda una cultura patrimonialista y paternalista de ejercer el poder.
Se creyeron dueños de poder porque ellos habían ganado con las armas, así lo proclamó Don Fidel Velázquez, y confundieron paternidad con paternalismo. La paternidad es subsidiaria, los padres queremos que nuestros hijos aprendan a volar por su cuenta, es decir, los ayudamos, los enseñamos para que puedan ser libres y responsables, y así, autosuficientes. Mientras que el paternalismo genera dependencia, engendra hijos que no saben valerse por sí solos y que necesitan siembre depender de la tutela paternal. Así nace el PRI.
Esto fue cierto principalmente en el ejercicio de los derechos políticos y el PRI-Gobierno nos ha regateado los derechos políticos a los mexicanos porque nos quiere seguir tratando como niños que no estamos preparados para gobernarnos. Por otra parte, el pueblo mexicano ha tenido que ir conquistando sus libertades y sus derechos a través de luchas históricas que han costado la vida de muchos mexicanos.
Hoy en el naciente siglo XXI, el problema de México sigue siendo eminentemente político, porque mientras siga existiendo quien se robe los votos o genere conductas de dados cargados en las contiendas electorales, seguiremos teniendo gobernantes que se roben la lana y que abusen del poder.
El abuso del poder y la corrupción son derivados de creerse dueños, es decir creen que pueden hacer lo que les dé la gana sin tener consecuencias. La representación proporcional, el INE, el TRIFE, las candidaturas independientes, los derechos humanos, son algunas de las conquistas que los ciudadanos han logrado en sus aspiraciones porque en México se les respete y amplíe sus derechos políticos y se consolide una verdadera democracia representativa.
El artículo primero de nuestra Constitución nos dice que los mexicanos tenemos derechos humanos y en el párrafo tercero establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en referente a los Derechos Políticos a la letra dice “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Con estas dos premisas basta una pregunta: ¿Qué asuntos debe tratar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Político-electorales? ¿Todo lo referente al ejercicio del derecho humano de participación política? ¿Debe el Tribunal Electoral promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano de participación política apegado al principio pro persona, es decir, favoreciendo siempre a las personas la protección más amplia? ¿Debe hacerlo también con apego al principio de progresividad, es decir, ampliando el derecho y no restringiéndolo?
Yo no tengo duda, cuando hablamos de Derechos Humanos, y el derecho de participación política lo es, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y esto aplica tanto para las autoridades administrativas, legislativas y judiciales.
El Poder Judicial es siempre una esperanza en el marco de división de poderes, porque cuando el Poder Ejecutivo o el Legislativo abusan del poder, el único recurso que le queda al ciudadano es recurrir al Judicial y si éste falla, le roban al pueblo la esperanza.
